La imagen de oficiales de tránsito en confrontación con la ciudadanía se volvió recurrente en el municipio de Torreón, como también la forma acelerada de conducir, la falta de precaución al volante y los graves accidentes viales que han quitado la vida a muchas personas de la región.
Los abusos de autoridad, la corrupción, la prepotencia con la que conducimos o la forma como intentamos resolver los problemas en comunidad, están llegando a puntos preocupantes, y las medidas que se toman desde las instituciones, los gobiernos y la sociedad civil organizada requieren de planteamientos multidisciplinarios con la interlocución de grupos multiactor para que desde un enfoque integral se propongan alternativas de solución, de lo contrario será un esfuerzo aislado con costos políticos que se atenderán al calor del momento.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) presentó el Informe de Tránsito y Vialidad en el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, donde se advierte la existencia de un problema estructural que posiblemente derive en los abusos que han cometido los agentes.
Además, la CDHEC concluyó que los oficiales de tránsito no pueden actuar como fuerzas policiales; es decir no están facultados para poner a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas ni elaborar Informes Policiales Homologados.
Al actuar de esa manera, violentan los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública.
Además, en algunos casos, se documentó que se incurrió en una violación al derecho a la integridad y seguridad personal, al causar lesiones a las personas involucradas.
Por lo anterior, qué tal que a modo de simple reflexión, nos alejamos un poco de lo que ya sabemos y quizá a partir de esa distancia, encontramos alternativas que no sólo contemplen un enfoque ineludible de rendición de cuentas y reparación de daño por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad del municipio de Torreón.
Para atender el problema público de las agresiones entre los(as) agentes de tránsito y la ciudadanía es urgente “pensar fuera de la caja”.
Quizá así podamos llegar a respuestas más integrales y sistémicas para abordar el asunto.
Por ejemplo, recientemente la Cámara de Diputados avaló por unanimidad, el derecho constitucional de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En pocas palabras, la movilidad y la seguridad vial, ya son derechos constitucionales, y en consecuencia el Congreso deberá expedir una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En este sentido, la existencia de una Ley General en la materia, obligaría a los estados y los municipios a cumplirla.
Así que no resulta descabellado pensar en incluir a las áreas de gobierno local y las personas expertas en movilidad, para aportar una mirada diferente al tema de la violencia que existe en la relación de los agentes de tránsito hacia la ciudadanía y viceversa.
