La población migrante que pasa por México no la tiene nada fácil. Su camino, en busca de mejores condiciones de vida, les ha cobrado una dolorosa factura que no puede pagarse con nada.
El lunes pasado, la noticia de la muerte de al menos 39 personas en un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, se suma a la lista de tragedias de las y los inmigrantes en su viaje por un “sueño”, que se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Incendios, volcaduras, asesinatos y masacres criminales, hechos ocurridos en Chiapas, Tamaulipas, Coahuila y recientemente en Chihuahua, son una clara muestra de que México no ofrece ni garantiza un trato digno a estas personas.
En pocas palabras, su política migratoria, supuestamente apegada a los derechos humanos, es un rotundo fracaso.
A continuación un repaso, para no perder la memoria.
El 22 de agosto de 2010, 72 migrantes fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
El hecho fue catalogado como una masacre por la saña perpetrada contra las víctimas.
El 9 de diciembre de 2021, un tráiler se volcó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el transporte viajaban 160 migrantes, de los cuales murieron al menos 55.
El 22 de enero de 2021, personal de la Fiscalía General de la República, encontró 19 cuerpos calcinados, dentro de tres camionetas en el ejido Santa Anita, en el municipio de Camargo Tamaulipas.
El 18 de mayo de 2022, el INM informó que cinco cuerpos de personas migrantes fueron localizados en un vagón de tren en Piedras Negras, Coahuila.
Gobiernos van y vienen, pero la impunidad persiste y el territorio mexicano se ha convertido en un auténtico cementerio para las personas sin papeles.
Sus historias han quedado enterradas y calcinadas en el drama de los que nunca pudieron cruzar el Río Bravo.
