La construcción de las instituciones en México ha sido un esfuerzo de años de la sociedad civil organizada.
Por más empeño que tengan los gobiernos en debilitarlas, las reglas de un Estado democrático exigen su existencia y un funcionamiento eficaz de las mismas.
La noticia de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México es un buen indicador de que el organismo hace lo que le toca en momentos críticos, donde están en riesgo el derecho a la privacidad y el de protección de datos personales -ambos derechos humanos- de los(as) mexicanos.
Entre los argumentos jurídicos que expondrá el órgano garante se encuentran: violación a los principios de proporcionalidad; establecimiento de la vía diversa a los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición sobre el tratamiento de sus datos); violación al derecho a la protección de datos personales por no considerar una orden judicial para el acceso de datos; la violación de los principios de seguridad y certeza jurídica; el otorgamiento a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de datos personales; la restricción a la libertad de acceder a información por la obligación de los usuarios de entregar datos personales y datos biométricos para tener derecho al uso de una línea de telefonía móvil; la violación al principio de no retroactividad; el otorgamiento de facultades al IFT en materia de acreditación de identidad; y la incompatibilidad de obligaciones e instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Además del INAI, otros organismos autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos están facultados para interponer una acción de inconstitucionalidad, cuando existe una posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición general de menor jerarquía.
Ojalá, tengamos a más instituciones ejemplares y de utilidad para la ciudadanía, de lo contrario los retrocesos serán mayúsculos.
@nonobarreiro
