Las personas dedicadas a la defensa de los derechos ambientales son un grupo de creciente importancia que está en un riesgo particular, derivado del contexto de los efectos del cambio climático; la explotación y el uso insostenible de los recursos naturales; y la contaminación del aire, la tierra y el agua.
Conocer la situación por la que atraviesan con su labor y los desafíos específicos que enfrentan es indispensable tanto para garantizar sus derechos humanos al desempeñar su actividad, como para la sensibilización de una ciudadanía necesaria en el acompañamiento de sus luchas.
En este sentido, el Estado tiene un compromiso ineludible para garantizar su seguridad y atender sus demandas en procesos de colaboración que puedan desencadenar en políticas públicas que privilegien el cuidado ambiental.
Sin embargo, a nivel global, hay una tendencia de incremento de ataques, amenazas, agresiones, intimidación y muerte, por parte de corporativos, agentes estatales y crimen organizado.
Por otro lado, en México, se han asesinado a 58 defensores de ambiente y territorio, en los últimos tres años.
De enero al 31 de diciembre de 2021 al menos se han registrado 108 eventos de agresión a este grupo, de acuerdo al Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Otro dato que destaca, es que el 2021 fue el año más violento para la defensa del patrimonio natural del país, desde el 2014, fecha en que el CEMDA realizó su primer informe.
Oaxaca ocupa el primer lugar en ataques letales, mientras que las entidades con mayor número de agresiones son Guerrero, Sonora y Morelos.
Más importante que las chocantes cifras es no olvidar que detrás de estos números hay una cara, una persona que fue asesinada por ejercer sus derechos y proteger su medio ambiente.
Una familia, una comunidad y seres queridos que lamentan su pérdida, creen y siguen luchando por su misma causa.
