La propuesta de reforma al Poder Judicial no considera la realidad. Parte de decir que es corrupto, clasista, elitista, caro e inaccesible. Sin embargo, el estudio nacional sobre la percepción de la calidad de los servicios que proporcionan los órganos jurisdiccionales a las personas usuarias y/o justiciables del año 2023 dice que el 91.6% de los usuarios reales del servicio lo califican como muy bueno que el 97.52% manifestó tener confianza en el personal que labora en los juzgados y que el 94.4% de los usuarios reales de los servicios del Poder Judicial no han percibido corrupción en sus funciones.
Muchas personas no identifican con claridad las funciones del Poder Judicial y de las fiscalías, atribuyendo las faltas de estas últimas a los juzgados, de igual forma se confunde mucho entre las funciones del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales estatales, por lo que la opinión general está muy contaminada de desconocimiento.
Las designaciones por votación popular quebrantan la naturaleza del juzgador quien debe ser capaz de condenar u absolver atendiendo únicamente a lo que dispone la ley, aún en contra de los deseos populares, pues la justicia no puede depender de la popularidad.
En Estados Unidos, donde los jueces son elegidos por votación popular se ha visto estadísticamente que las sentencias se modifican atendiendo a la cercanía de los tiempos electorales, generando una verdadera inseguridad jurídica ya que no se aplica la ley, sino que se busca la gracia de electorado.
Necesitamos a los mejores perfiles como juzgadores, personas ampliamente preparadas, totalmente independientes, que lleguen al puesto a través del mérito propio, preocupadas por capacitarse para poder emitir las mejores sentencias y no por ser carismáticos para ganar una elección.
Todo es perfectible, atendamos las verdaderas causas de los problemas, destinemos un mayor presupuesto para el sistema de justicia y seguridad pública. En 2021, en México gastamos 0.63% del Producto Interno Bruto en este rubro, lo que implica menos de la mitad del promedio de lo que gastan los países miembros de la OCDE.
Para mejorar la justicia en México es necesario aumentar el presupuesto, mejorar la atención desde las policías, procuradurías, fiscalías, juzgados estatales hasta llegar al Poder Judicial Federal. Invertir en capacitación, personal, material de trabajo y espacios.
Fortalecer la independencia del Poder Judicial, liberándolo de todo tipo de designaciones políticas apartadas del conocimiento técnico y jurídico. Es necesario reconocer la experiencia de los juzgadores y los trabajadores del Poder Judicial y no someterlos a ser valorados por aplausos, pues su función nunca ha sido ni debe ser la de congraciarse con las mayorías sino la de impartir justicia en favor de todos.
