Los acontecimientos de los últimos meses han dado muestra de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad. Con el aumento de violencia, también ha quedado patente la necesidad urgente de replantear estrategias para encontrar diferentes resultados. Una de ellas requiere fortalecer el sistema de justicia penal mexicano.
México ha pasado por grandes e importantes reformas en materia de procuración de justicia, seguridad y derechos humanos en los últimos 25 años. La primera de ellas, en 1994, mediante la cual se realizó una profunda transformación al Poder Judicial, que supuso el primer cambio en la búsqueda de un sistema judicial más eficiente.
En el 2008 se formuló la reforma más ambiciosa que se tenía hasta ese momento, pues planteó un nuevo sistema de justicia penal, pasando de uno inquisitorio, basado principalmente en documentos escritos presentados por un juez; a uno acusatorio, que se basa en juicios orales públicos ante tribunales. Las piezas clave de este último fueron la igualdad de las partes, la participación de forma activa de las víctimas durante el proceso y la más importante: la presunción de inocencia. Al inicio de la década pasada, en 2011, también se consolidó la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de poner al centro de la justicia la dignidad de las personas.
Es así que a finales del 2019, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz; el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, anunciaron la conformación de una serie de grupos de trabajo que tendrían la finalidad de plantear y desarrollar, de manera integral, una serie de reformas al poder judicial de nuestro país. Los cambios que podrían suponer estas reformas judiciales llevarían a cambiar el sistema mexicano como un mecanismo para garantizar un pleno acceso a la justicia.
Las reformas incluirían al menos nueve iniciativas, entre las cuales se encuentran las modificaciones a diversos artículos de la Constitución en materia de procuración de justicia; un nuevo Código Penal Nacional; un nuevo Código de Procedimientos Penales; modificaciones a la Ley de Amparo; creación de una Ley Nacional de Justicia Cívica, además de una reforma a la Ley de la Fiscalía General y su reglamento.
No obstante, los anteproyectos de ley a discutir muestran una serie de modificaciones que supondrían diversos retrocesos a lo avanzado hasta el momento. Por ejemplo, se busca ampliar el arraigo a todos los delitos. Con esto, la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que se detiene a una persona para ser investigada, violando en todo sentido el principio de presunción de inocencia. Con esta propuesta no se combate la impunidad, al contrario, se promueve la incapacidad del Estado mexicano para garantizar de manera efectiva los derechos de sus ciudadanos.
Es importante mencionar que, además, se busca eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas derivadas de éstas. Asimismo, se busca suprimir la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales; o modificar la cláusula constitucional que considera como nulas las pruebas que hayan sido obtenidas de forma ilícita.
Será el 1 de febrero cuando conozcamos con exactitud si estas propuestas de modificación serán implementadas o no. Con todo lo anterior, considero importante hacer dos anotaciones: en primer lugar, debe existir respeto irrestricto por la dignidad de las personas, asegurando que ninguna detención sea ilegal o que esta viole el principio de presunción de inocencia. Además, eliminar la posibilidad de considerar nulas las pruebas que se obtengan de manera ilícita puede llevar un aumento considerable en la violación de los derechos humanos.
Recordemos que la atribución más grande, y tal vez la más importante de todo Estado democrático, es garantizar la seguridad y justicia de todos y todas sus habitantes. En las reformas del 2008 se alcanzaron logros que no se pueden poner en riesgo con la aprobación de modificaciones contrarias o incompatibles con el sistema de justicia acusatorio. Con las reformas que se realicen en los próximos meses, sabremos si México se está moviendo en la dirección correcta para dar resultados efectivos.
Twitter: @jmvalerapiedras
