López Obrador anunció que presentará una reforma constitucional para cambiar el sistema de pensiones antes de que termine su sexenio. Aunque todavía no da a conocer los detalles, lo que busca es que los trabajadores reciban en su retiro al menos el mismo sueldo que cuando estaban activos.
A todos nos gustaría que mejoraran las pensiones. El problema es que lo que quiere el Presidente requiere de cantidades exorbitantes de dinero que el gobierno no tiene. Comprometerse a un esquema de retiro así implica embaucar al país en compromisos imposibles de cumplir. Otra opción es cargarle la mayoría de la factura a las empresas y/o a los trabajadores, lo cual también parece inviable.
Al anunciar su intención de modificar las pensiones, López Obrador criticó la reforma de Zedillo de 1997, en la cual se creó el sistema de Afore que hoy rige el retiro de la mayoría de los trabajadores del sector privado. Dijo que había resultado en jubilaciones “inhumanas” e “injustas”. Por fortuna, hace un par de días aclaró que en su propuesta no piensa desaparecer este sistema.
Lo cierto es que, pese a sus deficiencias, las Afore vinieron a mitigar (no a frenar) la bola de nieve que representan las obligaciones pensionarias. Gracias a las cuentas de ahorro individuales autofinanciables para el retiro, los trabajadores tienen la certeza de que el dinero para su vejez está seguro. Los fondos que se han acumulado en estas cuentas (cerca de 20% del PIB) sirven para impulsar el desarrollo del país. Bajo el esquema de las Afore, el gobierno no tiene que asignar una partida importante del presupuesto para financiar la jubilación de estos trabajadores. En contraste, el esquema de pensiones de los trabajadores del sector púbico se fondea con dinero de los que están activos y representa una bomba de tiempo para las finanzas públicas.
El Presidente tiene razón en que el sistema de Afore de Zedillo ofrecía un monto insuficiente para los jubilados. La llamada tasa de reemplazo (la cual mide la proporción del sueldo que se obtendrá en el retiro) era del orden de apenas 30%. En lo que considero una de las mejores y menos reconocidas reformas del sexenio, López Obrador aumentó en 2020 la tasa de contribución para el retiro del 6.5% vigente a 15% en 2030, con casi la totalidad del incremento a cargo de las cuotas patronales. Según algunos analistas, este ajuste permitirá subir la tasa de reemplazo a casi 70%, no tan lejos del ciento por ciento que busca en su nueva propuesta.
Sin embargo, para llegar a esa meta hay que aumentar mucho más la tasa de contribución y la pregunta obligada es quién la pagaría (también se puede aumentar la edad de retiro, pero no veo a López Obrador proponiendo algo así). El gobierno no tiene el dinero suficiente. Volverle a endosarle la factura a los patrones encarecerá aún más sus costos laborales. Endorsársela a los trabajadores les restará una parte importante de su sueldo. No se ve campo de maniobra.
