Con una actitud triunfalista, el presidente López Obrador anunció la semana pasada la “nacionalización” de 13 plantas de Iberdrola por 6 mil mdd. La única que debe celebrar es la empresa española. La medida no es positiva para el país.
De entrada, manda una pésima señal a inversionistas. ¿Quién va a querer apostar millones de dólares en nuestro país en un sector estratégico como el energético sabiendo que el gobierno puede decidir quedarse con su negocio en cualquier momento? El mensaje es aún más dañino ahora que estamos buscando atraer inversión con el nearshoring.
Después está la deuda. Aunque el gobierno utilice tecnicismos contables para argumentar que no va a endeudarse para financiar la compra, la realidad es que sí lo hará. El dinero que recibirá Iberdrola tiene que salir de algún lugar. Es cierto que el pago no se documentará como deuda pública debido a que se está utilizando un vehículo de inversión que no forma parte de las cuentas públicas, pero no nos engañemos, el gobierno (y por tanto los contribuyentes) asumimos los compromisos financieros.
Un problema más es que los fondos no se destinarán a generar capacidad adicional o a ampliar la red de transmisión y distribución. En lugar de invertir en nueva y necesaria infraestructura eléctrica, el gobierno está adquiriendo capacidad existente.
Contrario a lo que dice el Presidente, tampoco es buena noticia para los consumidores. La nacionalización no solo privará al gobierno de recursos que puede destinar a otros usos productivos, sino que muy probablemente resultará en mayores costos de operación. La Comisión Federal de Electricidad, la cual no se caracteriza por su eficiencia, será la encargada de operar las plantas adquiridas. Y los incentivos para que se vuelva más eficiente se reducirán al eliminar la competencia de las plantas de Iberdrola.
Esto no significa necesariamente que los precios de la electricidad aumentarán para el consumidor. Lo que podemos esperar es que para mantenerlos bajos (que es lo que López Obrador ha prometido) el gobierno tendrá que subsidiarlos ante mayores costos de operación.
Quien no saldrá perdiendo de la nacionalización es Iberdrola. A diferencia de la nacionalización bancaria, por ejemplo, en la que el gobierno expropió por la fuerza la banca para después pagar un precio muy inferior a su valor real, la compra de las plantas representa una salida decorosa para la empresa española a un precio razonable (su acción subió tras el anuncio).
Las políticas energéticas de López Obrador han puesto en jaque a las empresas privadas del sector. Iberdrola ha sido uno de los villanos favoritos del gobierno. El desenlace pudo ser peor. En cambio, se queda con un platal en efectivo para invertirlo en proyectos más rentables que los que vendió (fuera del país, por supuesto), mantiene su presencia en México con su atractivo negocio de energía limpia y se gana la buena voluntad de lo que hasta hace poco era un presidente hostil.
