Un fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral denominada fideicomitente trasmite y destina determinado patrimonio, bienes o derechos a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de terceros o en su propio beneficio.
El fideicomiso en México surge alrededor del año 1925 en el ámbito privado, y en la década de 1970 se comienza a aplicar también en el ámbito púbico como un recurso de estado para cumplir metas sociales, los fideicomisos se formaban con pocos trámites y rigores, incluso por decreto y tuvieron éxito pues se prestaban como instrumentos para la corrupción.
Así, con dinero público se puede armar un fideicomiso con fines que permitan beneficiar a terceros, sin intervención pública aunque este dinero sea de origen público. Es una manera de redireccionar el presupuesto utilizando estos recursos para aplicarlos a fines específicos.
Los fideicomisos han sido utilizados en la administración pública originalmente porque impedían en mucho la revisión y fiscalización de los recursos ahí consignados o que estos se constituyan con finalidades que permitieran a quienes los controlan usar el dinero de manera irresponsable, es decir, abonan a la impunidad.
Con el objetivo de reducir el gasto suntuario, los diputados han desaparecido 13 fideicomisos del Poder Judicial, formados con excedentes presupuestales, y según los diputados usando el dinero ahí consignado para el derroche y el boato de los altos funcionarios de dicho poder.
Finalmente, el proyecto para su eliminación pasó al pleno de la cámara de Diputados; tras un debate de dos horas y media y con 259 votos fue aprobado.
Los legisladores de oposición acusaron al gobierno federal argumentando que este recorte al Poder Judicial es una venganza y, de acuerdo con el secretario general del sindicato de trabajadores del poder judicial de la federación, la extinción de estos fideicomisos afectará directamente a 55 mil agremiados de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral.
Sin embargo el gobierno insiste en que la eliminación de estos fideicomisos no afectará a los trabajadores y que sólo sirven para el beneficio de unos cuántos.
