El encontronazo entre la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se agudizó por las declaraciones hechas el día 23 de agosto en su conferencia mañanera por el Ejecutivo Federal en el sentido de descalificar y cuestionar el trabajo, profesionalismos y credibilidad de la CNDH como consecuencia de la emisión de la recomendación 29/2019, relativa a la Cancelación del Programa de Estancias Infantiles, posición reforzada por la Comisión permanente del Congreso de la Unión, que se negó a citar a comparecer a los funcionarios responsables del gobierno federal, que, a su vez, se negaron a aceptar dicha recomendación, lo cual obligó a la Comisión a amagar con llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Lo anterior motivó el malestar del Presidente de la República acusando al organismo de no haber hecho nada en el caso de la Guardería ABC, cuando es público que sobre dicho caso la CNDH emitió oportunamente una recomendación, el 31 de julio de 2009 la número 49/2009, que a la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.
Este diferendo tal parece no se resolverá en el corto y mediano plazo, por la postura que ha tomado el ejecutivo federal, haciendo de lado que independientemente de los casos de corrupción y abusos cometidos con los recursos asignados a este programa en los gobiernos anteriores, es obligación del estado mexicano defender los derechos humanos de los niños y las niñas, así como también de las madres y padres trabajadores.
La postura de la CNDH contenida en la recomendación 29/2019, no está en contra de que se hagan modificaciones a los programas anteriores en esta materia, lo que propone es que se fije un mecanismo que permita hacer vigentes los derechos humanos vulnerados y que se destinen los recursos públicos suficientes para cumplir con dicho objetivo.
Es evidente que el trabajo de la CNDH en este caso, busca defender los derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y de otros grupos vulnerables y observa que es una obligación y responsabilidad del Estado mexicano y de todos los servidores públicos, en los que se incluye el Presidente de la República, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Sobre todo, hace hincapié en que la recomendación, es resultado de una investigación seria, puntual, sustentada en información y evidencia objetiva, fundada en la normativa, criterios y estándares aplicables a la materia, tanto a nivel nacional como internacional.
Reflexiona, en el sentido de señalar puntualmente que dicha recomendación, no pretende inhibir que se implementen medidas de austeridad y control presupuestal o prevenir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiese cometido en administraciones anteriores.
