El tema de una Cuarta Transformación se convirtió en el principal embrión por el que miles de mexicanos soñaron con una mejora integral de todos y cada uno de los aspectos sociales, económicos y políticos, que tienen sumergido a nuestro país en una crisis que está por estallar, la cual fue la base del descontento social que llevó a Andrés Manuel López Obrador y a Morena a triunfar avallasadoramente en las urnas.
La esperanza de terminar con una falsa alternancia partidista, que solo había heredado corrupción, crisis económica, de seguridad, y miles de mexicanos desaparecidos por oponerse a dichos actos, hicieron que se votara por una sola opción, sin darse cuenta el monstruo que se estaba formando.
Lo anterior en razón de que, con la mayoría en las Cámaras, diputados y senadores, con la mayoría en los estados, no existe fuerza alguna que pueda oponerse a los deseos presidenciales, de lo cual en solo 22 días ha quedado más que comprobado.
Y sino, mire como podemos apuntarle la reducción de salarios a altos funcionarios, empezando con el suyo, y el alza al salario mínimo, sin embargo, esos dos son los únicos dos puntos a favor, porque los demás han sido clásicos de un sistema autoritario, y sobre todo, contradictorio a su supuesto ADN, votando e imponiendo actos contra lo que por muchos años tomaron como bandera contra el gobierno de EPN.
La mayoría en el Poder no ha cumplido con bajar la gasolina, acabar con el fuero, a pesar de haber tenido ya la oportunidad, pero votaron en contra; por otra parte, los despidos injustificados han empezado en el SAT, y han evidenciado que los nombramientos en lo oscuro y por compadrazgo siguen más que presentes con el nombramiento del nuevo magistrado de la SCJN.
En fin, hasta ahorita, solo han demostrado que la Cuarta Transformación sigue siendo una promesa de campaña, pero al presidente constitucional y a la mayoría que ostenta el poder en México se les presenta una nueva oportunidad para comenzar a cambiar dicha perspectiva nacional, ya que empezando 2019, se tiene que otorgar el financiamiento público a los partidos políticos, el cual ha sido señalado por por ellos mismos como un gasto desproporcional a la realidad social.
De hecho, el presidente, cuando aún era candidato, prometió que Morena renunciaría al 50 por ciento de sus prerrogativas a favor de los ciudadanos y en apoyo a su política de austeridad republicana, por lo que debería estar devolviendo 778 millones 600 mil pesos en 2019 como financiamiento público federal.
Aunado a que la austeridad republicana debe ser para todos los entes que provocan un gasto contradictorio a la realidad social del país, como todos los partidos políticos, para poder concebirla como un programa de auténtico rescate y no como un instrumento de sometimiento, como sucedió con el Poder Judicial en días pasados.
