Coahuila está en camino de sumarse a las entidades federativas que han ampliado el criterio para la aplicación de siempre controversial figura penal de la legítima defensa, que busca fundamentalmente que quien obró en defensa de su vida, de su familia o de sus bienes no se convierta en víctima.
La justificación de la iniciativa que presentó este martes al pleno del Congreso del Estado el diputado Shamir Fernández Hernández, en representación de la fracción priista, es que la exitosa desarticulación cárteles y células del crimen organizado a la vez que ha permitido tener en Coahuila un mejor lugar para vivir, con más empleo y espacios públicos, también repercutió en que los delitos del fuero común se hayan incrementado, mayormente los índices de robos de vehículos, casa habitación y locales destinados a negocios.
Se entiende por legítima defensa el derecho de todo ciudadano a responder por medio de la violencia a un ataque injusto dirigido contra él, su familia o sus bienes.
Con ese mismo objetivo ya reformaron su Código Penal estados como Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro y Guanajuato. Un legislador por BCS expuso la justificación de la siguiente manera: “Lo que agravia más a la sociedad es que quienes se ven obligados a defenderse, a resguardar la integridad familiar, todavía tengan que ir a parar a prisión y pagar el delito de haber defendido a su familia o la vida o bienes de ellos mismos”.
Y es que tales códigos establecían el “exceso” en legítima defensa aun cuando se tratara, digamos, de un delincuente con antecedentes penales que armado con descomunal cuchillo entra en un domicilio ajeno con la clara intención de robar y hacer daño a sus moradores, pero resulta muerto de un disparo. Ahora se trata de hacer valer la figura de la legítima defensa privilegiada, --aunque quién se va a sentir “privilegiado” de verse en la necesidad de matar a un semejante, así sea dentro del hogar--, que en pocas palabras significa no ponerle peros a quien mató a un malhechor por defender su vida dentro de su casa.
