Una alarma en buen funcionamiento brinda una seguridad adicional a casas y oficinas, en especial en un contexto donde la seguridad ha sido menguada. Para que sean efectivas, las alarmas deben conectarse con una base de seguridad que acuda cuando se activen. Aunque, con frecuencia, son los propios vecinos los que, al escucharla, dan aviso a la policía.
El problema surge cuando una alarma se descompone o se activa sin motivo y con frecuencia, sonando por horas o días, noches incluidas, sin que haya poder humano que la silencie. Y, sin que los “responsables” acudan o siquiera se enteren. Tener una alarma implica una responsabilidad hacia quienes viven alrededor. Es injusto que una alarma descompuesta torture a los vecinos todo un fin de semana.
Lamentablemente, muchas personas en nuestro medio siguen sin entender que un ruido disruptivo -alarma, aparato eléctrico o música a volumen excesivo-, son una agresión a sus vecinos. En forma sostenida, la contaminación auditiva causa daños graves a la salud: insomnio, estrés, hipertensión y enfermedades cardíacas.
Entremos, entonces, en una dinámica legal. Colocar una alarma debería conllevar un permiso, aunque sea sin costo, pero con requisitos muy puntuales y las respectivas sanciones. En caso de que suene más de los 20 minutos necesarios para que encargados y propietarios acudan a revisar si hay robo o falla, debería conllevar la multa de $2,800 pesos que aplica la Ley Antirruido. Si continúa sonando, las multas por reincidencia, que alcanzan los $48 mil pesos, deberían cargarse en automático. Si la alarma fuera de una oficina sin permiso en una colonia habitacional, clausura inmediata de la oficina.
Como requisito, debiera exigirse el respaldo de una empresa de seguridad privada que pueda desactivarla, y, en caso de que la empresa falle, la anuencia para que alguna autoridad ingrese al domicilio del infractor a silenciarla. Quizá convenga dejar una llave a un vecino de confianza que pueda apagarla en caso de necesidad. Una alarma sonando día y noche por descuido o necedad es una arbitrariedad. Cabe preguntar, ¿quién tiene prioridad, los afectados o el transgresor? Todo sea por una ciudad tranquila y armoniosa.
