La soberanía es una característica del poder del Estado que implica supremacía al interior y autonomía al exterior. Supremacía al interior pues ningún otro poder en el país puede estar por encima del poder del Estado, ni el poder de la Iglesia, ni el poder de los sindicatos, ni el poder económico de las corporaciones. Autonomía al exterior significa no estar sometido a ninguna potencia extranjera con las que el Estado debe de interactuar en un plano de igualdad.
Desde un principio se planteó la necesidad de controlar a este poder soberano, inmenso y absoluto del Estado, y para ello se decidió limitar al poder con el poder mismo, dividiendo las facultades del Estado en tres áreas de competencia; el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Legislativo emite las leyes, pero no las aplica, el Ejecutivo aplica las leyes, pero no las emite, y el Judicial ni las emite ni las aplica, pero decide sin son o no bien aplicadas.
Con el tiempo fue necesario crear y brindar autonomía a diversas instituciones y funciones del Estado que acaparaba el poder Ejecutivo, dividiendo aún más las áreas de competencia. Estos organismos autónomos tienen la característica de que su autonomía se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo mismo no depende ni está subordinado a ninguno de los tres poderes tradicionales ya mencionados.
El primero de ellos fue el Banco de México cuya autonomía se le otorgó en el año de 1994. Estando el Banco de México bajo el control del poder Ejecutivo, la tentación de emitir dinero era demasiado grande y como dice el refrán popular, en arca abierta, el justo peca, fue necesario brindar autonomía al Banco de México para evitar el famoso impuesto inflacionario que imponía el Ejecutivo Federal a la población para financiar su gasto público, sobre todo en épocas electorales. Cabe mencionar que desde entonces México ha logrado controlar muy bien la inflación, dejando el ejercicio de la política monetaria al Banco Central justificando así su autonomía.
Después, en el año de 1996 se brindó autonomía al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. En aquellos años se decía en el argot de la política, “las elecciones las ganan, los que cuentan los votos” y, siendo que los votos los contaban en la Secretaría de Gobernación, no eran extraños los contundentes triunfos del PRI, entonces partido en el poder. Por ello fue también necesario llevar a cabo una reforma constitucional y brindar autonomía al INE.
Un poco después, en el año de 1999, se otorga también autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy poco hay que argumentar para justificar la autonomía de este órgano de vigilancia y protección de derechos humanos, pues el sujeto pasivo por excelencia, en cuanto a protección de derechos humanos se refiere, es el Estado.
Fuera de estos tres órganos autónomos, los demás órganos u organismos a los cuales se les dotó de autonomía a saber; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la Fiscalía General de la República, me parece que fue con la intención de quitar facultades al poder ejecutivo ante la posible llegada a la presidencia de las fuerzas progresistas de México, encabezadas por el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador que se postulaba para la presidencia de la República desde el año de 2006.
La creación de estos organismos autónomos responde a la pregunta de ¿Cómo le hacemos para quitarle facultades a los grupos progresistas, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, ante su inevitable triunfo tanto en las asambleas representativas como en la presidencia de la República, y mantener el status quo del régimen neoliberal hasta retomar el poder? Pues creando organismos autónomos que asuman determinadas funciones y nombrando a los miembros de sus consejos con formación neoliberal por un plazo largo hasta retomar la presidencia.
Así, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, parece utilizar su autonomía para tratar de desmantelar a empresas estratégicas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad siendo que la electricidad y la energía en general son una cuestión de seguridad nacional, además en el caso de la CFE, se trata de un monopolio natural que tiende a consolidarse en forma natural y que por ello debe de estar en manos del Estado como un esfuerzo colectivo de todos los mexicanos dueños de las redes de transmisión. De igual manera el Instituto Federal de Telecomunicaciones quita facultades al ejecutivo para poder regular los medios de comunicación masiva, y el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les permite obtener y controlar información.
Si además agregamos el incremento de gasto presupuestal para mantener estas islas de poder, creadas para conservar el viejo régimen, es claro que no tienen una razón legítima de ser y deben desaparecer pues, en el fondo, buscan mantener el status quo existente antes del triunfo de los movimientos progresistas encabezados por el hoy presidente de México, que promovieron el super enriquecimiento de unos pocos, el empobrecimiento de la gran mayoría y con ello la tragedia de desigualdad, criminalidad, emigración y destrucción del tejido social que ahora por fin comienza a revertirse poco a poco en un proceso esperanzador para los mexicanos haciendo a México emerger de un abismo económico, político y social y de un panorama desolador para volver a colocarse en el lugar que le corresponde como una gran nación.
