El sistema neoliberal se implantó en México desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari como Presidente de México en observancia del Consenso de Washington, con privatizaciones de empresas estatales, firma del Tratado de Libre Comercio, acaparación de las actividades lícitas por grandes corporaciones oligopólicas, apertura de mercados y terminación del Estado de Bienestar con el abandono de la gente que ello implicó.
Este sistema neoliberal, que ha estado en vigor desde entonces, fue construyendo al mismo tiempo una superestructura legal, un blindaje jurídico, que implicaba nuevas leyes y operadores jurídicos como jueces, magistrados, ministros, consejeros del Instituto Nacional Electoral, gobernadores y subgobernadores del Banco de México, etcétera, designados con una clara ideología de derecha.
Para este nuevo orden jurídico se crearon nuevos organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, se dotaron de derechos humanos a las enormes corporaciones, con la enorme protección y amplitud que ello implica, se celebraron tratados de libre comercio para abrir el mercado a productos extranjeros, comprometer las compras del gobierno, y someter al gobierno a los arbitrajes internacionales del Banco Mundial en caso de controversia, y a través de “moches” o “mordidas” se llegó a sobornar a la mayoría del Congreso para entregar los recursos naturales como la energía y el petróleo a los extranjeros.
Este orden jurídico neoliberal se fortaleció aún más con la reforma del 2011 situando en la cima del orden normativo a los derechos humanos, otorgados a las corporaciones, y un doble control, difuso y concentrado por el Poder Judicial cuyos integrantes son los únicos que no son elegidos por la ciudadanía y es el único refugio en el Gobierno para priistas, panistas y perredistas, al igual que algunos organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral en donde consejeros como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama parecieran operadores de los partidos de oposición a morena, y son árbitros que han demostrado en los últimos días su total parcialidad.
Esto es lo que ahora quiere romper el Presidente de la República con la prórroga del plazo al presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien ha demostrado verdadera autonomía, buena fe y profundo humanismo que ha ganado la confianza del Ejecutivo federal para realizar los cambios que requiere el sistema judicial.
No le falta razón al Presidente pues es el Poder Judicial el que lejos de buscar un contrapeso, abiertamente se opone a todos los proyectos del Presidente de la República. Así, la oposición ha hecho valer una lluvia de amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas, del Tren del Istmo, o los últimos amparos en contra de la reforma a la industria eléctrica a las cuales el poder judicial les ha dado tramitación expedita.
En eso consisten los esfuerzos del presidente de la República, en romper con esa superestructura, con ese blindaje jurídico del sistema neoliberal.
No es una tarea sencilla, vale la pena reconocer los esfuerzos del presidente que cumple con su palabra y trata de no fallar al pueblo que le dio su apoyo. Es importante que lo conserve porque los enemigos que se oponen a sus esfuerzos son corporaciones transnacionales increíblemente poderosos.
Mtro. Jesús Torres Gómez.
