El gobierno insiste en reformar al Instituto Nacional Electoral (INE). Desde que envió su propuesta inicial en abril del año pasado al poder legislativo, se ha generado toda una tensión pública en torno a este tema.
El proyecto original fue tumbado por la oposición política en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el gobierno impulsó un Plan B integrado por un paquete de leyes secundarias. Éste fue aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso. Solo falta que el Senado de la República concluya el proceso legislativo pendiente.
De aprobarse la reforma tal y como está redactada, provocaría un enorme debilitamiento en el sistema democrático de México. Por ejemplo, el Plan B propone una reducción importante en el acceso a puestos públicos para grupos minoritarios. Personas jóvenes, migrantes, afromexicanas, indígenas, y con discapacidad tendrán una menor oportunidad de participar en candidaturas a diputaciones federales.
Mientras que bajo el marco legal vigente el INE genera reglas claras (identifica los distritos electorales con población indígena, por ejemplo) respecto a la asignación de este tipo de candidaturas, la propuesta oficial no establece con precisión el proceso de otorgamiento de candidaturas que se otorgarán a estos grupos minoritarios. Esto coloca a dichos segmentos de la población en una situación de vulnerabilidad legal y están expuestos a decisiones arbitrarias.
Otro grave retroceso contenido en el Plan B tiene que ver con el tijeretazo a la estructura operativa del INE. Un caso es la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. El plan del gobierno no incluye la función esencial de esta Unidad. Lo que puede dar pie a su posible desaparición. Esta Unidad tiene el objetivo de impulsar la inclusión dentro y fuera del INE a través de los institutos electorales estatales.
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica es otro componente fundamental que elimina el Plan B. Este engrane en el INE provee financiamiento a proyectos ciudadanos orientados a impulsar la participación política de las mujeres, establece convenios para la promoción de los derechos electorales de mujeres indígenas y afromexicanas, promueve campañas de prevención de violencia política por razones de género, realiza consultas dirigidas a jóvenes y niños, y capacita a funcionarios con protocolos para el voto de personas con discapacidad.
Finalmente, el Plan B formula la reducción de personal en los estados del país. Específicamente, el plan busca recortar de forma alarmante la plantilla laboral en los distritos electorales. Esto definitivamente acotaría el poder del INE para realizar adecuadamente el registro de votantes, identificar nuevas zonas con votantes, mantener actualizado el padrón electoral, y realizar modificaciones logísticas en los distritos.
De aprobarse esta reforma complicaría más las cosas en el país. Debido a que se amplificarían las desigualdades. La sociedad debe ir en contra del Plan B porque en nombre de la austeridad se pone en riesgo los derechos políticos de las personas. Hay que luchar por el fortalecimiento de la democracia.
Jesús Reséndiz
