El crecimiento de las estaciones piratas en México es preocupante por los diversos efectos que provocan. Solo en Puebla hay 43 estaciones ilegales que igualan en número a las radiodifusoras legalmente establecidas, y en situación similar se encuentran Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.
La proliferación de estas estaciones solo muestra el México de la ilegalidad, del que se burla de la ley, no paga impuestos, entrevista a candidatos, hacen proselitismo y perjudica a los legales.
Debe preocuparnos sobremanera cuando la ilegalidad y el delito son lo cotidiano, cuando el incumplimiento de la ley se vuelve la regla y no la excepción, y más si la operación de las estaciones ilegales pone en peligro la vida y seguridad de las personas, ya que al igual que cuando se perforan ductos de gasolina o se descarrilan trenes, las transmisiones de las estaciones piratas —al ser adyacentes a los canales de comunicaciones para la aeronavegación— provocan interferencia perjudicial, lo que podría causar una grave tragedia.
Cuando la autoridad procede a cerrar las estaciones ilegales, algunas personas emprenden una auténtica apología del delito bajo el argumento de que son comunidades o grupos que tienen derecho a ejercer sus libertades informativas y de libre expresión; el panegírico se engrosa con acusaciones de persecución política o de que la estación pirata es un medio “legítimo” de subsistencia económica. Nada más falso.
En cualquier país el uso ilícito del espectro y cualquier ataque a las vías de comunicación son un delito, por ello se debe proceder penalmente; igualmente, es regla común que los equipos empleados en las transmisiones ilícitas se decomisen, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es acorde con lo anterior: los bienes, instalaciones y equipos empleados en estos delitos se pierden en favor de la nación y así ha procedido el regulador en coordinación con el gobierno federal.
En Estados Unidos, el comisionado Michael O’Rielly de la Federal Communications Commission anunció un proyecto de ley antipiratas, el que aumenta las sanciones, propone verificaciones periódicas y amplía las herramientas disponibles para que la autoridad haga frente a estos delincuentes.
En contraste, los apologistas de los huachicoleros de la radio añoran un régimen como Venezuela o Nicaragua, que promueven la ilegalidad, acosan a los medios legalmente establecidos y promueven estaciones piratas que le son afines.
En síntesis: los ilegales ni pagan impuestos ni tienen cargas legales y hasta intervienen en la vida política; enarbolar la libertad de expresión para actuar fuera de la ley solo es un pretexto.
