La neutralidad de la red es un principio por el que los operadores de telecomunicaciones están obligados a que el tráfico de datos e información sea uniforme para todos, es decir, que no haya discriminación por tipo de información, equipos que se utilicen, aplicaciones o quién envía o recibe información.
Actualmente, en México se han emitido diversas opiniones de especialistas, en razón de ciertas circunstancias: el cambio regulatorio en Estados Unidos, particularmente por la posición del gobierno de Trump a través de la FCC; el anuncio del Instituto Federal de Telecomunicaciones de que emitirá la consulta pública: lineamientos para la gestión del tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet, y el impacto de la nueva regulación en el proceso de generar condiciones de competencia efectiva entre operadores de telecomunicaciones.
Además, están las consecuencias que puede tener la regulación para la libertad de información y expresión a través de las redes de telecomunicaciones, particularmente ante el próximo proceso electoral en nuestro país; un contexto con algunos sectores que presionan para incluir restricciones y filtros en las redes por cuestiones de seguridad, terrorismo y para combatir ilícitos como la pornografía infantil y la trata de personas y, finalmente, cuidar el derecho de los usuarios a tener acceso a un internet libre.
La reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 considera los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos, incluso como derechos humanos, y obliga a cumplir con los principios de universalidad, uniformidad y no discriminación, entre otros, lo que sirve de punto de partida para la deliberación y análisis que sobre el principio de neutralidad de la red se realice en nuestro país.
No obstante, en esta semana la decisión que se tome en Estados Unidos sobre el tema será un parteaguas para el internet; en Europa, el Reglamento 2015/2120, expedido por el Parlamento Europeo, fijó establecer normas comunes para salvaguardar un tratamiento equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y los derechos de los usuarios finales, después de 13 años de discusión.
En México se avecina el momento de su debate, para lo cual deberá tomar en cuenta su entorno jurídico, económico y social.
