El pasado lunes 13, el IEPC Jalisco aprobó presupuesto, logística y pregunta de la consulta popular que sobre el pacto fiscal habrá de realizarse durante cuatro fines de semana, del 20 y 21 de noviembre al 11 y 12 de diciembre.
El ejercicio, para que sea vinculante, requiere que participe el 33% de los habitantes del estado, que corresponden a dos millones 754 mil jaliscienses. Se instalarán tres mil 880 centros de votación (970 cada fin de semana) con una erogación de 22 millones 546 mil pesos. Lograr esa participación se ve muy difícil; ya que, en la elecciones del 6 de junio pasado, se instalaron diez mil 209 casillas y solo acudieron votar dos millones 948 mil ciudadanos.
La pregunta a consultar es: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la Coordinación Fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal?”. Son tres preguntas y una sola respuesta (no se puede votar en contra de salir del pacto fiscal y a favor de que este se revise). Además, si a una persona adulta y con estudios superiores le cuesta trabajo entender eso, ¿cómo se piensa que un menor de edad –que podrán votar- pueda resolver razonablemente el acertijo?
Probablemente esta consulta tenga un poco más de participación que la del pasado 1 de agosto sobre los expresidentes-en la que en Jalisco votaron 250 mil 779 ciudadanos (4.04%)- pero sin que se logre la cantidad necesaria para ser vinculante.
La consulta es inoportuna e innecesaria. Su realización y utilidad discursiva correspondería más bien a la época de la confrontación entre el gobernador y el presidente de la república. En las condiciones de entendimiento que actualmente existen entre ambos, y ante la posibilidad de que Jalisco obtenga en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, diez mil 075 millones de pesos adicionales (El Informador, 20 de septiembre 2021), realizar el ejercicio hasta podría poner en riesgo esa importante cantidad de recursos.
El llamado pacto fiscal debe revisarse, pero no es con consultas populares como se va a cambiar. Lo razonable es desplegar una estrategia de negociación política para lograr una Convención Nacional Hacendaria, que desde 2004 no se realiza.
Javier Hurtado
