La violencia e inseguridad que aquejan a nuestro país ha llegado a niveles que se creían inalcanzables y que tienden a agravarse. Ya, en días consecutivos, ocurren masacres de jóvenes indefensos; y, sus desapariciones –individuales o grupales-, son cotidianas. Lagos de Moreno, Celaya, Salamanca, Salvatierra parece ser el inicio de un largo etcétera que parece no tener fin. La estrategia de “abrazos, no balazos” del gobierno federal, ha sido identificada como la causa principal, cuando más bien el problema es la ausencia de una verdadera estrategia.
Si con esa frase se hace referencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Senado de la República en abril de 2019, el problema no es su aplicación, sino su no aplicación; como también la no ejecución de la adición Constitucional del 18 de noviembre de 2022. Ambos ordenamientos preceptúan la profesionalización y fortalecimiento de las policías estatales y municipales, con la creación de un fondo especial permanente de recursos, tanto federales como estatales, para esos fines. Sin embargo, los federales se destinan esencialmente a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas; y, de los estatales, que se sepa ningún gobernador lo ha creado, condenando a sus policías a morir de inanición.
Debe reconocerse que el problema de la seguridad de nuestro país es complejo e incluye aspectos conceptuales, competenciales y presupuestales: el 21 Constitucional al definir la seguridad, mezcla funciones que corresponden tanto a la seguridad preventiva, la interior, la nacional -y por supuesto la pública- sin precisar a qué corporación, u orden de gobierno, le corresponde cada diferente tipo de seguridad. A esto –y a la ausencia de presupuestos- súmese la existencia de los fueros, que alientan la irresponsabilidad gubernamental: los estados y municipios dicen que determinado acontecimiento es competencia de las autoridades federales, y estas aducen que son de responsabilidad de las autoridades locales, por ser del llamado fuero común.
Siendo la seguridad el principal problema de nuestro país es de lamentarse que los candidatos y candidatas en campaña no digan algo que vaya más allá de la obligada condena, y condolencias a familiares de las víctimas. Una verdadera estrategia nacional de seguridad solo será posible a partir de un amplio debate público y del compromiso de que quien resulte electo lo aplique. Y si no, digámoslo con las palabras de Alejandro Martí: “si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien”.
