El 7.11 por ciento de participación en la Consulta Popular del domingo pasado marca un negativo precedente; ya que –de acuerdo al investigador Daniel Zovatto–, el promedio en Latinoamérica en este tipo de ejercicios entre 1978 y 2016 ha sido del 70.68 por ciento, y desplaza a Guatemala del último sitio con el 15.87 por ciento en 1994.
La responsabilidad de este resultado ha tratado de adjudicarse a una sola de las partes, cuando debe ser compartida por cuatro: el promovente (AMLO), el avalador (SCJN), el convocante (Congreso de la Unión), y el organizador (INE). El principal responsable es el presidente de la SCJN, quien manipuló la sesión de Pleno del 1 de octubre pasado e inventó el galimatías de pregunta, cuando lo lógico era desechar la enviada por el Ejecutivo por inconstitucional, como era la propuesta del Ministro ponente.
Responsables son también las dos Cámaras del Congreso de la Unión, por haber aprobado el esperpento enviado por la Corte y expedir la convocatoria respectiva, cuando pudieron no haberlo aprobado. Luego, el Presidente de la República por no haber retirado su solicitud después de que la SCJN resucitó a Cantinflas (1 de octubre pasado) y antes de que el Congreso expidiera la convocatoria (28 de octubre). Finalmente, el INE, que primero dijo que no tenía dinero, luego sacó “un guardadito” de más de 500 millones; instaló pocas casillas –eliminando las especiales–; y realizó una escasa difusión, únicamente los últimos días.
Para que no se repita lo ocurrido, urge reformar la ley de la materia para: 1.- eliminar la facultad de la SCJN de realizar modificaciones a la pregunta, limitándose a solo calificar su constitucionalidad; 2.-realizar el ejercicio el mismo día de las elecciones constitucionales; 3.- que la promoción de la participación deje de estar exclusivamente en manos del INE; 4.- que la validez de la consulta no sea sobre porcentaje de participación sino de aprobación (un criterio así, en vez de motivar la abstención, incentivaría la participación, pues solo votando se podría superar el Sí).
Los promoventes, para componer el fiasco, ahora quieren establecer una Comisión de la Verdad o un Tribunal del Pueblo, cuando lo primero invade el ámbito de competencia de la CNDH y lo segundo va contra los Artículos 13 y 17 Constitucionales. Ya no más desparpajos, por favor.
Javier Hurtado
