Recientemente, el futuro político de los gobernadores de Jalisco y Nuevo León ha estado presente en el debate público. Respecto al primero, se ha mencionado que será Senador, lo que no se podría si fuera de mayoría o de primera minoría, porque la fracción V del Artículo 55 Constitucional establece que los gobernadores “no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”; y el 125, desde 1917, preceptúa que ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, uno de la Federación y otro de una entidad federativa.
La primera prohibición se estableció en 1933, cuando no existían los senadores de representación proporcional (RP), creados en 1996, electos en todo el territorio nacional, rebasando la jurisdicción de sus entidades federativas. Por tanto, el Gobernador de Jalisco sí podría ser senador de RP, sujeto a una eventual impugnación, y a que el TEPJF considerara ya no solo la afectación del principio de equidad, sino el de rendición de cuentas -incluido en la Constitución desde 2014- por cuanto dotaría de inmunidad a un gobernante, por seis años después de su mandato. Además, al tomar protesta como Senador (septiembre de 2024) estaría renunciando al de Gobernador, que concluye el 5 de diciembre de ese año, al que no podría regresar, como lo hizo Manuel Velasco en Chiapas.
En el caso del gobernador de Nuevo León, se ha dicho que el Congreso de su estado no le autorizará licencia para irse de candidato presidencial. Ante ello, existen dos opciones: A).- Recurrir a Alito -para quien no existe imposible- y discipline a los 14 diputados priistas, que junto a los 11 de MC, lograrían autorizarla; y B).- Utilizar la fracción VI de Artículo 76 Constitucional que faculta al Senado a “Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado”; y el 3 de su Ley Reglamentaria que define la “cuestión política”, como los “actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros”. Aquí, Morena y sus aliados le resolverían el problema.
En diciembre de 2017,cuando el Congreso de Nuevo León autorizó a “El Bronco” licencia para dedicarse a su campaña presidencial, el diputado de MC, Samuel García, lo calificó de “oportunista”, por incumplir su compromiso de durar los seis años de su mandato. Vueltas que da la Vida.
