Según el Secretario de Hacienda Pública de Jalisco, el próximo gobierno recibirá “finanzas sanas y una deuda moderada”; ya que, “desde 2020 no ha habido nuevos endeudamientos, y la deuda actual asciende a 28.5 mil millones de pesos”. Lo afirmado por ese funcionario es totalmente falso y contradice la información oficial: en 2013, la deuda que recibió Aristóteles Sandoval fue de 19 mil 409 millones de pesos. En 2018, la redujo en mil 216 millones de pesos, al dejarle al actual Gobernador una deuda 18 mil 192 millones, quien en 2020 ya la había elevado a 26 mil 723 millones, y al siguiente año a 28 mil 530 millones. Al 31 de mayo de 2024 asciende a 30 mil 825 millones (12 mil 633 más); totalizando 52 mil 797 millones pesos, con la de OPDs y municipios, en los que actúa como aval. El servicio de esta deuda en 2025 ascenderá a casi cinco mil millones de pesos.
Aquí las preguntas obligadas son: ¿dónde están los más de 12 mil millones de pesos que el actual gobierno contrató, y las obras públicas productivas que con ellos se realizaron?; y, ¿cuándo el Congreso del Estado –si es que se le tomó en cuenta- autorizó esa deuda?
En 2016 se expidió la Ley de Disciplina (que más bien es de indisciplina) Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esta norma, en vez de poner restricciones severas para contratar empréstitos, lo que hace es dar manga ancha a los gobernadores para endeudar a sus estados. Su Artículo 23, dice que la Legislatura local por el voto de las dos terceras partes (debería ser de las tres cuartas partes) de sus miembros presentes (debería ser de los integrantes), autorizará los montos máximos para contratación de financiamientos”. Y, su numeral 30, estipula: “Las Entidades Federativas y Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local” siempre y cuando su monto “no exceda del 6 por ciento de los ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos”. Resulta que, en el caso de Jalisco, ese porcentaje asciende a ¡10 mil 026 millones de pesos! Increíble que se pueda contratar un crédito así sin autorización del Congreso.
Modificar esta permisiva y aberrante ley, es más importante que hacerlo con algunas del famoso “Plan C”. Si un gobernador puede contratar una deuda de ese monto solo con el poder de su firma, la división de poderes es inexistente (y aquí nadie dice nada). Urge terminar con esto.
