El Presidente López Obrador ha justificado la violación al 97 Constitucional, realizada por el Senado para prorrogar en dos años el período del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las siguientes razones: 1).- el ministro Arturo Zaldívar “es un hombre íntegro, honesto”; 2).-debe continuar al frente del organismo dos años más para “combatir la corrupción y el nepotismo”; y 3.- es necesario “porque ayuda en la moralización del país, (y) a purificar la vida pública de México”.
Lo que AMLO no ve, es que el Presidente de la SCJN y demás ministros son corruptos y violadores de la Constitución, ya que en abierta contravención al 127 Constitucional que establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, ellos perciben 312 mil 958 pesos mensuales netos totales, cuando la del titular del Ejecutivo es de 143 mil 054 pesos. ¿Cómo un violador de la Constitución va a ser un “un hombre íntegro” y “honesto”?; y cómo quien en un acto de corrupción percibe un sueldo que no le corresponde, va a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial?
Empatar los períodos de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, no parece ser bueno para su independencia.
Lo ocurrido ha mostrado los vacíos que en control de la constitucionalidad existen en nuestro país, y la necesidad de que un Tribunal Constitucional, ajeno a los Poderes, pueda dirimir las controversias entre ellos. Dado que en México los ciudadanos no pueden presentar una acción de inconstitucionalidad (cuando por ejemplo, en Colombia sí), entonces, las minorías de las Cámaras se van a ir a quejar de la SCJN con la SCJN. ¡De locos!
Si para el Ejecutivo, la Cámara de Diputados es la que va a decidir la “Constitucionalidad” de ese Artículo al momento de aprobarlo, debería mejor presentar una reforma para aplicar lo que Mariano Otero planteara en su voto particular de abril de 1847: que sean las legislaturas de los estados las que resuelvan las controversias entre los poderes federales, para que uno de ellos no sea juez y parte, y la Corte solo se limite a hacer el cómputo de los votos emitidos por legislatura.
Querer “purificar la vida pública de México” no justifica violar la Constitución.
Javier Hurtado
