La declaratoria general de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud, emitida el lunes pasado por la Suprema Corte, muestra las ventajas del control del poder por el poder mismo y hasta donde se puede llegar a través del juicio de amparo. Empero, la prueba de fuego para que la Corte demuestre su compromiso con la Constitucionalidad y si en realidad es independiente, vendrá cuando tenga que decidir sobre la Ley Zaldívar. Una cosa es leerle la cartilla al Congreso y otra muy distinta hacerlo con el Ejecutivo.
Si después de más de dos años el Legislativo no pudo expedir una ley ni corregir esos cinco artículos, no fue por perezosos –que también lo son-, sino por su vulnerabilidad ante los factores formales e informales de poder. No solo fue la presión de los tabacaleros, farmacéuticos e industriales, sino que seguramente también de los cárteles del narcotráfico, ya que la resolución de la SCJN va a provocar una mayor demanda de la yerba, en un mercado que aún seguirá controlado por ellos.
Los desacuerdos entre ambas Cámaras, no solo eran por aspectos legislativos formales, sino por los intereses que preponderantemente cada una defendía. Queda claro que el ganón en esto fue el Senado y el líder de su mayoría Ricardo Monreal. La experiencia de los senadores se impondrá ante los nuevos diputados, para tratar de sacar una Ley General en la materia que trate de dejar ahora en manos del gobierno federal los ingresos por gravar el uso lúdico de la marihuana, que se calculan en 20 mil millones de pesos al año.
He sostenido que el asunto de la marihuana no es delincuencial ni de salud, sino competencial (de a qué orden de gobierno le corresponde regularla y gravarla); y ahora hasta jurídico, ya que comercializarla seguirá siendo un delito, de acuerdo al Código Penal Federal; pero legal, de conformidad a la Ley General de Salud.
Si los cárteles van a seguir aprovechándose de la situación, las legislaturas locales deberían aprovechar este vacío legislativo-que seguirá existiendo al menos hasta los primeros meses del siguiente año- para regular y gravar su consumo lúdico; y los alcaldes atreviéndose a expedir permisos para fumaderos de marihuana. Ahí obtendrían los recursos que le imploran al gobierno federal. Lo que pierdan ahora, nunca lo recuperarán.
Javier Hurtado
