A casi 30 años de la creación del Instituto Nacional de Migración (INM), la corrupción es un tema presente en los diferentes operativos que se realizan contra los indocumentados y en las llamadas estaciones migratorias.
La eliminación de las redes de corrupción es uno de los principales retos por atender en las políticas migratorias que se implementen en el país, ya que se trata de una práctica recurrente en contra de quienes buscan llegar a la frontera norte del país para mejorar sus condiciones de vida.
A los migrantes se les cobran recursos para que se agilicen sus trámites, para que reciban un mejor trato en las estaciones migratorias y hasta para que puedan recibir alimentos y artículos de higiene personal.
La atención a los llamados indocumentados, entre adultos, jóvenes, mujeres y niños y niñas, en las estaciones migratorias requiere de políticas que garanticen respeto a los derechos humanos y, al mismo tiempo, que se eviten abusos en su contra.
El Instituto Nacional de Migración (INM) fue creado el 9 de octubre de 1993, durante la administración federal del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. El organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación en su origen es el encargado de la planeación y ejecución de los servicios migratorios en el país.
A lo largo de los casi 30 años de operaciones, el Instituto Nacional de Migración se ha visto rebasado por el número de personas indocumentadas que atiende; además, una parte importante de sus funcionarios se han visto involucrados en actos de corrupción, en polémicas por violaciones a derechos humanos y en acusaciones por la falta de acciones para proteger la vida de quienes buscan mejores condiciones de vida.
De alguna manera, el mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gestión, buscaba implementar cambios en la política migratoria; sin embargo, las presiones del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron factor para que México se alineara a la política migratoria norteamericana.
Actualmente, tras el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la madrugada del 28 de marzo, el gobierno de México se encuentra ante la oportunidad de crear una nueva instancia, nuevas políticas, que se encarguen de la protección de los derechos humanos de los migrantes así como de mexicanos en el extranjero.
