Ante coyunturas tan complejas como la que atraviesa México, sus regiones, su vida cotidiana, surge con fuerza la pregunta sobre cómo podemos convivir y lograr acuerdos que formen un piso básico para vivir en paz, con dignidad y en libertad que asegure justicia para todas-os. Ese cómo, sin embargo, no viene del actual régimen político y de gobierno, que hace reinar el imperio de la impolítica, sino del reconocimiento político de quién(es) tienen autoridad moral e intelectual, la autóritas, para poder ejercer el poder, como potestas, bajo la vigilancia de los que mandan y el acato de quienes obedecen. El mundo al revés de como lo vivimos. En el que la democratización es la razón pública arrebatada, cuya responsabilidad se deja a técnicos, o iluminados, o manipuladores de clientelas sometidas, paradójicamente, a regímenes que las excluyen.
Lo impolítico esconde las potencialidades de la política, bajo el manto del deterioro del servicio público, la corrupción del diálogo, la negación de la escucha y, ciertamente, bajo el poder del dinero. La ira contra los beneficiarios de lo impolítico a través del engaño, no aparece aún con toda la fuerza en proporción a la frustración sufrida. Prevalece la sensación de impotencia ante la magnitud de los problemas, pues entre descontento contenido, desconfianza en las instituciones, o desencanto frente a la democracia, como palanca de transformación social, se instala el pesimismo del sálvese quien pueda, el refugio en el individualismo y la cancelación de un imaginario otro para convivir. Hay sin embargo quienes piensan y viven una democracia desde la participación informada, que acerca la autóritas y la potestas, desde experiencias constructivas, tanto como desde la resistencia o del impedimento contra lo ajeno a la democratización.
Lamentablemente, al acercarnos al fin del ciclo de las reformas “estructurales”, la política llegó en el cabús del tren, cuando debió ser locomotora de reformas democratizadoras. Las reformas producidas por el Pacto por México, operador de acuerdos entre las elites gobernantes, partidistas y corporativas sindicales y empresariales, envileció a la política como autoridad moral e intelectual para democratizar nuestras relaciones sociales. Pues la reforma política no se planteó como punto de partida. Sigue faltando el Pacto Social Democrático, desde donde imaginar políticas integrales sobre la seguridad pública, con capacidad para (re)conocer el aporte ciudadano y comunitario para la contención de la violencia, junto con el compromiso gubernamental por un combate plausible del crimen organizado; otra suerte habría corrido el conflicto michoacano. Tal Pacto Social, espera que la soberanía alimentaria y energética también sean objeto de sujetos comprometidos con la democratización de la economía, mediante garantía de derechos sociales.
Si la reforma política fuese locomotora para democratizar, reconoceríamos autoridad moral e intelectual a las ahora manoseadas voluntad y soberanía populares, actualmente alejadas de la democracia representativa realmente existente. Daríamos crédito a la democracia participativa, no en función de arreglos partidocráticos para distribuirse cuotas de poder burocrático en las elecciones futuras, sino para diseñar las consultas nacionales, estatales y locales que merecen reformas estructurales sociales. A falta de frutos democratizadores, dados los resabios autoritarios del régimen político, hay actores que reclaman una nueva política con autoridad democrática; en algunos casos apenas se prefiguran, como en las policías comunitarias o en las autodefensas, en otros casos se construyen razones públicas autorizadas, para cuestionar y reorientar el modelo económico, como el “Plan por la Unidad de Acción en Defensa de la Soberanía Nacional y de los Recursos Energéticos”, o en el Amparo contra la inconstitucionalidad de la Reforma Energética que firman 24 intelectuales que han recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
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