En junio del año pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley Nacional de Ejecución de Penas (LNEP), una nueva regulación con la que se busca mejorar las condiciones de las cárceles y enfrentar la grave crisis que vive el sistema penitenciario mexicano. Este modelo fallido que se expresa continuamente en motines y en claras muestras del control que ejercen en las prisiones los autogobiernos delincuenciales, como el “call center” para extorsionar paisanos en Estados Unidos desmantelado la semana pasada en el ex Reclusorio Preventivo de Puente Grande, al que me referí ayer.
La LNEP es la mejor prueba que queda cada vez más claro que retomar el control de las cárceles es una condición indispensable para combatir los altos índices de inseguridad pública que han lesionado gravemente la convivencia social en muchas regiones del país, ya que los millonarios recursos que salen ilícitamente de las cárceles aumentan el poder corruptor de las mafias y su infiltración a gobiernos y autoridades hasta erosionar y paralizar al Estado.
Esta nueva legislación consta de 207 artículos, clasificados en seis capítulos o títulos y 12 transitorios. En estas normas se establecen las facultades, obligaciones y acciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales, así como del Poder Judicial y los responsables de los centros penitenciarios para implementar la LNEP en un plazo de cuatro años.
¿Cuánto se ha avanzado en las cárceles de Jalisco, en especial en el núcleo penitenciario de Puente Grande, donde están los cuatro principales reclusorios, en la implementación de esta nueva Ley en los 10 meses que ya han transcurrido?
La pregunta es pertinente si recordamos cómo se desatendió el calendario de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Oral, que se planteó desde el 2008 para entrar en vigor en el 2016, y que en Jalisco no avanzó nada en los primeros 4 años por el desinterés de la pasada administración estatal.
Sería de mucha utilidad para cuidar que no se repitan este tipo de retrasos en temas delicados como estos tan directamente relacionados con la seguridad pública, que de las mismas autoridades venga un autodiagnóstico de cómo arrancaron estos trabajos en junio pasado. Más aún porque desde octubre pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) empezó el levantamiento de la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL), y cuyo primer levantamiento se decidió en la discusión de la LNEP. Ahí organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, plantearon que para dar seguimiento puntual a la aplicación de esta nueva Ley era necesario crear un Sistema Nacional de Información Estadística Penitenciaria, que entre otras cosas plantea esta nueva encuesta de la que comentaré mañana.
twitter: @jbarrera4
