Hoy que entran en vigor las disposiciones legales en materia de anticorrupción, ni a nivel nacional ni a nivel estatal, a excepción de Querétaro, se completaron los nombramientos para empezar a operar debidamente el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
A nivel federal se impusieron las resistencias de la clase política y gubernamental que buscan impedir que sea el Comité de Participación Ciudadana la instancia única que proponga los nombres para elegir al Fiscal Anticorrupción, por lo que han evadido y dado largas a este debate en el Senado.
En Jalisco se avanzó lo mínimo indispensable. Se cumplió con la aprobación de las reformas a la Constitución local y la aprobación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Pero quedaron pendientes los nombramientos. Paradójicamente, este incumplimiento en el ámbito local nos abre la oportunidad de seguir aspirando a que estos nuevos funcionarios sean realmente autónomos e independientes. Con el poder y el valor de castigar sin miramientos ni subordinaciones a políticos y funcionarios a los que deban sus nombramientos.
Comenté ayer que del Congreso local salió ayer y el jueves pasado un andamiaje institucional para este nuevo modelo anticorrupción que se quedó corto para dar plena y total autonomía a la figura del nuevo Fiscal Independiente, ya que dejaron pasar intacta la iniciativa del gobernador Aristóteles Sandoval, que propone que esta posición la determinen los diputados, pero a partir de una terna que él mismo les envíe. Desde luego esta condición implica la amenaza de que el designado deba el favor al Ejecutivo y se establezca una relación de subordinación que cancele una verdadera aplicación de la justicia, como ha sucedido siempre.
Ante estas críticas, ayer el propio gobernador reconoció que en estos términos, las reformas limitan la participación ciudadana en este nombramiento y sugirió al Congreso que en la discusión de las leyes secundarias del SEA se estipule que el Comité de Participación Ciudadana también proponga nombres para elegir al Fiscal Independiente
Se abre pues, así, la posibilidad de ir incluso más allá, y legislar para que sea sólo de la lista de nombres que criben los representantes ciudadanos, de donde se elija al primer Fiscal Autónomo y el primer Fiscal Anticorrupción de acuerdo a méritos, capacidad y reputación.
Y no sólo eso, En el debate de las leyes secundarias se deberá buscar también que de la misma forma se nombre al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado y a los nuevos magistrados del Tribunal Administrativo, que atenderán la nueva sala para ver los asuntos de corrupción. Sólo así se podrá escapar al esquema de cuotas, compadrazgos y arreglos político-partidistas que ha orientado siempre a los diputados en momentos decisivos para el futuro de Jalisco y, que de prevalecer, provocarían que el SEA nazca muerto.
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