La tragedia en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, además de confirmar la severa crisis que se vive en el sistema penitenciario nacional, nos debe alertar nuevamente del autogobierno delincuencial que está más que comprobado, mantiene el control en los penales de Puente Grande en Jalisco.
Es decir los elementos de conflicto que se conjugaron la semana pasada en la cárcel regia y que dejaron un saldo de 39 presos muertos y una veintena de heridos, están presentes en el complejo penitenciario de Puente Grande, y en algunos casos en mayor grado de peligrosidad.
Por ejemplo, mientras el porcentaje de hacinamiento en Topo Chico era del 21 por ciento, el Centro de Readaptación Social, cuyas instalaciones fueron construidas para 2 mil 78 internos, tiene una población de más de 5 mil reos, lo que significa un sobrecupo de 185 por ciento. Algo similar pasa en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, cuyo cupo es de 3 mil 100 presos, tiene más de 7 mil por lo que tiene una sobrepoblación de más del 120 por ciento. Ni la cárcel femenil se salva del hacinamiento que ronda el 30 por ciento, ya que mientras su capacidad es de 376 internas, hay casi 500. Estas cifras ponen a Jalisco en el segundo lugar nacional en esta problemática.
Si en el penal de Topo Chico el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco aseguró que puso fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con autoridades, en Jalisco existe también la aceptación de la autoridad de su existencia, y el reconocimiento de que están “tratando” de recuperar el control de las cárceles de forma gradual.
En septiembre pasado una investigación de Notivox JALISCO reveló la próspera explotación que ocurre en estas cárceles donde los presos controlan y administran 33 de las 47 tiendas que operan ahí dentro y que según a las facturas que pagan a los abarroteros, venden mercancías por al menos 4 millones 700 mil pesos mensualmente, sin regulación alguna y precios muy por arriba del mercado. En Topo Chico el sobreprecio era de 120 por ciento.
Si a las ganancias de esas tienditas, sumamos al autogobierno el dinero que arrebata por el cobro de piso y visitas conyugales, y por el tráfico de alcohol, drogas, prostitución y otros privilegios como celulares y hasta armas para los presos pudientes, las utilidades del cártel carcelario se multiplican exponencialmente. Por ello seguramente habrá muchas celdas de lujo, tianguis, armas, drogas y hasta bares en su interior como los que se encontraron en la prisión de Monterrey.
Por último al igual que en Topo Chico donde un mandato judicial provocó que dos grupos de internos peligrosos se encontraran en la misma cárcel y se provocara el motín, en Jalisco las autoridades carcelarias también han denunciado la intromisión de jueces para hacer traslados que lejos de debilitar, fortalecen los autogobiernos.
Hay pues muchos motivos para poner las barbas de Puente Grande a remojar, antes de que sea demasiado tarde.
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