Cansado de salarios de miseria y de las dificultades para emprender un pequeño negocio. Héctor C. decidió dejar Jalisco y probar suerte en Estados Unidos. Contactó a un pollero, y tras dos intentos logró instalarse en Los Ángeles. Dos años después, ya con un trabajo estable, decidió pagar a otro pollero para que pasara ilegalmente a su esposa y sus dos pequeñas hijas, y así reunir de nuevo a la familia, pero en suelo estadounidense. Lo lograron al tercer intento, luego de dos deportaciones y calvarios de caminatas de noche y de día por ríos y desiertos. Soportando todo tipo de maltratos que quedaron marcados para siempre en los recuerdos de las menores. Esas dos niñas jaliscienses crecieron, cursaron su educación básica y media superior, pero cuando quisieron buscar un mejor trabajo e ir a la universidad su condición de ilegales se los impidió. Dos años tuvieron que seguir con empleos de bajo perfil donde no importa la calidad migratoria. Les llegó entonces una buena noticia. En junio de 2012, el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para crear el programa de Actuación Aplazada para la Llegada de Niños (DACA por sus siglas inglés). Este programa otorgaba a jóvenes mayores de 16 años, con secundaria terminada o servicios militares prestados, y sin antecedentes penales, permisos de residencia para trabajar o estudiar, renovables cada dos años de forma indefinida. El beneficio alcanzaba a jóvenes de hasta 31 años a junio de 2012. El gobierno estadounidense calculaba a 1.7 millones en esta condición, pero no todos se animaron a salir y registrar sus datos a las autoridades por miedo a ser deportados. 800 mil sí confiaron en la palabra de Obama, dejaron su anonimato y se inscribieron al programa dando todos sus datos y el de sus padres también ilegales. La llegada del magante Donald Trump a la Casa Blanca los llenó de preocupación, porque en su campaña prometió poner fin al DACA. Este lunes esa amenaza la cumplió y emplazó al Congreso a resolver en seis meses el destino del programa. Esa es la cuenta regresiva para quedar a merced total del xenófobo gobierno de Trump, que inició para los dreamers, 600 mil de ellos son mexicanos y al menos 100 mil jaliscienses.
La pregunta es si el Congreso no salva el DACA, qué México y qué Jalisco encontrarán estos jóvenes que fueron expuestos de niños a enormes riesgos cuando sus padres decidieron pasarlos de ilegales por la falta de oportunidades. Ojalá, de verdad, estos seis meses sirvan para que se les cumplan las plazas de maestros de inglés que les ofrece el gobierno federal, los lugares para que continúen sus carreras que les ofrece la UdeG y la inclusión al sector productivo creativo-digital que les ofrece el gobierno de Jalisco. Si todo queda en demagogia, las dos pequeñas, convertidas ahora en dos jóvenes dreamers, padecerán nuevamente un calvario a su regreso, como muchos otros de sus miles de compañeros.
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