Montado en una bicicleta de montaña en la que atravesó la Macroplaza de Monterrey, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, llegó ayer al mediodía a las puertas de la Oficialía de Partes en el Congreso de Nuevo León. De propia mano acudió a entregar la notificación del veto que decidió ejercer en contra de las modificaciones que el Congreso hizo a la Ley de Movilidad.
En mayo, a propuesta de un diputado panista, se aprobó la que se conoce como “ley anti-bici”, una modificación que condiciona a los municipios en la construcción de ciclovías, en lo que parece una reforma hecha a modo para impedir que en el municipio de San Pedro, el más próspero del país, se siga avanzando en la construcción de carriles exclusivos para bicicletas.
Lo insólito en esta ocasión es que sea el propio gobernador el que encabezó la manifestación en contra, con lo que atiende el llamado que le hicieron la Academia de Arquitectura de Monterrey, el Colegio de Ingenieros de Nuevo León, el Distrito Tec y las organizaciones La Banqueta Se Respeta, el Movimiento de Activación Ciudadana, Pueblo Bicicletero y el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León.
Agrupaciones que consideraron a esta reforma como una iniciativa antiderechos “al condicionar cualquier obra de infraestructura ciclista a una factibilidad otorgada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad Estatal”, lo que vulnera la autonomía que el artículo 115 de la Constitución otorga a los municipios, además de perpetuar el camino que ese estado lleva desde hace décadas en favor de una sola forma de movilidad.
Como dice Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García: “Hay una inercia en una ciudad como ésta que ha caminado en la dirección equivocada en los últimos 50 años, no solamente en perjuicio al peatón y al ciclista, sino también al transporte público que tendría que ser el medio más importante de transporte para que la metrópoli funcione. Todo el enfoque ha estado en darle ventaja a la movilidad en automóvil”.
Para Samuel García: “¡Cómo no íbamos a vetarla! Lo que estamos alegando es que, en la Constitución federal en el artículo 115, el municipio es el que tiene facultad de regular las ciclovías, entonces, aunque esto me daría más poder, es incorrecto, ilegal”.
“Esta ley viola muchos principios de movilidad. Hoy en día el ciclista y el peatón están por encima de los carros, y esto es un obstáculo, un retroceso a la bici”, dijo el gobernador.
San Pedro es el municipio más motorizado del país: con 132 mil habitantes, el Diagnóstico de Seguridad Vial de San Pedro Garza García 2015-2019 señala que hay registrados 127 mil 802 vehículos con motor, es decir, casi uno por persona.
No es la primera batalla, pues desde hace más de una década hay un fuerte movimiento ciudadano en favor de los peatones, en pro de banquetas dignas y por el mejoramiento del transporte público, además del impulso de la bici y por la construcción de ciclovías. Ojalá y ganen esta batalla.
Héctor Zamarrónhector.zamarron@milenio.com
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