El tráfico de Tijuana es difícil, como en toda metrópoli. Con sus casi dos millones de habitantes es el municipio más poblado del país, por eso desde hace más de un lustro analizan y discuten proyectos de infraestructura para tratar de aliviar su pesada carga vial.
Ahora muchos habitantes celebran el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado 16 informó que sí se construirá un segundo piso para conectar el aeropuerto de la ciudad con la garita de San Ysidro y las Playas de Tijuana, una obra con una historia oscura, larga y un desenlace inesperado.
Desde 2016, el entonces gobernador Francisco Kiko Vega licitó el proyecto a la empresa Viaducto Express S.A., que se encargaría de la construcción de esta obra de infraestructura, y su operación durante 27 años, en un esquema de asociación pública-privada. Una serie de obstáculos administrativos, entre ellos la falta de firma del contrato y problemas financieros, terminaron por frustrar en ese entonces el segundo piso para esa empresa en la que tenía participación un ex alcalde de Mexicali, Víctor Hermosillo.
La segunda ocasión en que esa obra volvió a la luz fue con el gobernador Jaime Bonilla, quien desde su campaña retomó la idea y buscó concretarla. En abril de 2020 su gobierno asignó, sin licitación, el proyecto ejecutivo de la megaobra vial a la empresa CSI (Conjunto de Servicios Industriales) por un monto de 209 millones de pesos.
Un año más tarde, en abril pasado, Bonilla presentó el proyecto del entonces llamado Viaducto Tijuana, con la promesa de reducir de 40 a 7 minutos el viaje desde el aeropuerto hasta la zona de playas de Tijuana y de aliviar el tráfico en la Zona Río, el Centro y otras áreas.
“Vamos a ser la envidia de los vecinos del norte, ese será nuestro skyline que cuando lo vean iluminado les va a dar envidia en San Diego, porque en Tijuana se pueden hacer muchas cosas”, dijo el gobernador en el acto de presentación del proyecto valuado entonces en 5 mil 300 millones de pesos.
De manera inesperada, seis meses más tarde la obra pasó de ser privada a pública además de duplicar su costo. También se convirtió en una prioridad presidencial al grado de invertir en ella 10 mil millones de pesos, un monto superior a todo lo que la Sedatu tuvo como presupuesto para el Programa de Mejoramiento Urbano en 2019 e incluso en 2020 ¡en todo el país!
El proyecto anunciado por el Presidente consta de 11 kilómetros de extensión, con recursos provenientes del fondo aduanero, y beneficiaría a 40 mil automovilistas que transitan al día por esa zona y que dejarán de emitir 174 mil toneladas de CO2 al año. También generará el fenómeno del tráfico inducido tal y como ocurrió con los segundos pisos en la Ciudad de México, pues en lugar de invertir en mover personas y mejorar la productividad, la obra se enfoca en mover autos, una solución que la historia reciente del urbanismo ha demostrado como obsoleta.
Ni siquiera se prevé incluir rutas de transporte público en el proyecto, quizá un carril exclusivo para una línea de autobuses exprés, junto con espacio para una ciclovía, pero eso está más allá del pensamiento convencional.
Héctor Zamarrón
@hzamarron
