El presidente López Obrador anunció que buscará antes de dejar el cargo la aprobación de una reforma al Poder Judicial. Esta propone la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito por voto popular. Para los Ministros, se plantea seleccionar a 30 candidatos, 10 propuestos por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Para Magistrados y Jueces (1,633 en su conjunto), habría 6 candidaturas paritarias por cada cargo, sumando un total de 9,798 candidatos a Magistrados y Jueces, y 90 candidatos a Ministros de la SCJN, considerando que se pretende reducir de 11 a 9 la integración de la Suprema Corte.
Primera Visión
Expertos en derecho han externado su preocupación de que se elija a los más populares y no a los más capaces, lo que podría convertir la elección en un tema de popularidad, en lugar de una designación basada en el mérito. Este enfoque podría llevar a jueces más interesados en su reelección que en impartir justicia de manera objetiva y basada en la ley. Países que han implementado sistemas similares, como Estados Unidos o Bolivia, en algunas jurisdicciones, han experimentado que las elecciones judiciales pueden politizar la justicia y comprometer su imparcialidad.
Otra preocupación es la falta de conocimiento de los ciudadanos sobre las funciones de jueces, magistrados y ministros, lo que podría generar confusión al momento de votar. Un amplio sector de la población no sabe con certeza cuáles son las funciones de estos cargos. Además, existe el riesgo de que la delincuencia organizada o poderes fácticos apoyen a sus jueces favoritos, comprometiendo así la imparcialidad de la justicia. Un estudio de la Fundación para el Debido Proceso (Due Process Foundation) resalta que la influencia del crimen organizado en la justicia es un riesgo real en muchas regiones de América Latina.
Finalmente, señalan que culpar solo al Poder Judicial de la corrupción, ineficacia, rezago e improductividad es una visión sesgada, ya que existe un gran rezago en la procuración de justicia por parte de las Fiscalías, quienes frecuentemente hacen un trabajo muy deficiente. Como resultado, muchos jueces terminan por desechar juicios debido a las serias deficiencias en las investigaciones. Para abordar esto, proponen fortalecer las fiscalías con mayores recursos y capacitación, asegurando que las investigaciones sean más robustas y eficientes.
Segunda Visión
¿Cómo explicar a la sociedad que más del 90% de los crímenes, delitos y actos de corrupción quedan impunes? La narrativa diaria muestra jueces que liberan delincuentes o que llevan un estilo de vida que sus sueldos no justificarían. La población percibe la inseguridad y la impunidad rampantes, y son testigos de que la justicia no funciona. Observan cómo la inseguridad en el país ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 35,000 homicidios anuales y una tasa de impunidad que, según México Evalúa, supera el 95% en muchos casos.
Por ello, muchos no ven mal la reforma judicial, ya que perciben que AMLO y Claudia Sheinbaum son los únicos dispuestos a hacer cambios profundos para combatir la corrupción en el poder judicial. En cambio, la oposición, en lugar de proponer alternativas, se limita a descalificar las reformas sin ofrecer soluciones concretas. Una propuesta podría ser la creación de un sistema de evaluación continua de jueces y magistrados, basado en su desempeño y en métricas claras de eficiencia y justicia, como se ha implementado en algunos sistemas judiciales europeos.
Al final, queda por ver si la 4T obtiene los votos necesarios para aprobar las reformas propuestas y si la oposición continuará rechazándolas sin presentar sus propias soluciones para mejorar el sistema de justicia. La reforma al Poder Judicial es un tema crucial que determinará el rumbo de la justicia en México y su capacidad para combatir la impunidad y la corrupción de manera efectiva.
