Increíble la forma en que el gobierno federal ataca al empresario Ricardo Salinas Pliego, al tacharlo de evasor fiscal. Como venganza por sus primeras declaraciones le invadieron el campo de golf que detenta este bajo la figura de la concesión, y ahora, exhibiéndolo desde la mañanera dando detalles de adeudos que tiene el Grupo Salinas con el fisco.
Por supuesto que al haber criticado a Lopez de inmediato salieron las granjas de bots al ataque del empresario en redes sociales, atacándolo de todo, incluso, de risa, hasta de traición a la patria.
Curiosamente de lo único que no lo pueden atacar es de evasión fiscal, ya que nunca se configuró dicho delito, y tampoco de deudor fiscal porque los “créditos fiscales” que se le pretenden cobrar fueron en su momento “impugnados” ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y algunos son materia de Juicios de Amparo ante el Poder Judicial Federal.
Llega a tal grado el show montado para perjudicar al empresario que, desde el show cómico-musical, La Mañanera, además de Lopez y el Procurador Fiscal y en redes sociales el vocero de la presidencia Jesús Cuevas, anuncian, literal, que las empresas del Grupo Salinas adeudan al Servicio de Administración Tributaria más de 63 mil millones de pesos entre impuestos, actualización y recargos. El fondo del asunto es una simple interpretación de aplicación de pérdidas fiscales así como la aplicación de reglas de consolidación fiscal que pretende aplicar el SAT en forma retroactiva por lo que, quien debe resolver, en el futuro, por tratarse de un asunto de constitucionalidad de leyes, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Curiosamente ellos mismos señalan en la presentación utilizada, que todos esos créditos están combatidos en 17 juicios repartidos entre la “Sala de Segunda” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Sala Superior y regionales metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por ello, de acuerdo a nuestra legislación los mismos aún no pueden ser exigidos por el SAT, al no estar “firmes” los mismos.
Esto quiere decir que cuando surge un crédito fiscal el SAT tiene una facultad única, que es el llamado Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo que le permite hacer efectivos los créditos, incluso el embargo de bienes, sin la intervención de un juez, pero si el contribuyente interpone un medio de defensa, como es el caso de esos créditos, y además si garantiza el crédito fiscal, el SAT ya no puede ejecutar los mismos y tiene forzosamente que esperar que le sea favorable a la autoridad fiscal el juicio para proseguir con el cobro, por eso los créditos de las empresas de Grupo Salinas no pueden ser cobrados aún.
Debe quedar claro, que esto no es gratuito, es un principio del derecho Fiscal que el fisco no litiga sin garantías, por lo que en ningún momento hay riesgo de que se afecte la hacienda pública, al estar insisto, garantizados los créditos fiscales, ya que de lo contrario el SAT ya hubiera acabado con el grupo empresarial.
Así es cómo funciona nuestro sistema fiscal y así lo señala expresamente el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la “Ley de Amparo”, por ello, insisto, la autoridad fiscal no tiene un crédito fiscal a su favor, sólo tiene una expectativa futura de que ese crédito quede firme de resultar a su favor la sentencia o sentencias que se dicten.
Pero, por otro lado, se están violentando los Derechos Humanos de las empresas de Salinas Pliego y del resto de accionistas de esas empresas, ya que en materia fiscal existe algo llamado “Secreto Fiscal” contenido en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que, como lo señaló la Suprema Corte, “establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes”. Disposición aplicable también al presidente, al Procurador Fiscal y obviamente al director del SAT, y al vocero del presidente, máxime cuando, insisto, ninguno de los créditos ha quedado firme.
Esta negativa actitud, solo da herramientas a los accionistas de esas empresas para acudir en defensa de sus intereses a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo más seguro es que se condene, en ese tribunal, al estado mexicano como cada vez más frecuentemente ocurre.
Esa misma violación, que varios califican como extorsión, comete el presidente al señalar cómo les cobró impuestos a los comunicadores Ciro Gomez Leyva y Joaquín Lopez Dóriga.
Las finanzas del país están en la lona, no hay dinero para pagar a los proveedores de Pemex y de la CFE, ni del gobierno federal, y hasta nos endeudamos. Todos los recursos se fueron ya a Dos Bocas, al Tren Maya y otras obras faraónicas. Les urge dinero para regalar vía programas sociales. Los días cercanos a la elección andamos regalando dinero a los migrantes venezolanos, pero no tenemos ni para medicamentos ni vacunas, pero eso sí, nuestro presidente dice que hasta plática con Benito Juárez y este lo aconseja, personaje que se reeligió durante casi 15 años con puro fraude electoral, eliminando a los que le estorbaban y, de ser un gran héroe se convirtió en un peligro para el país. Dicen en mi rancho que “si no la controlas no la fumes”.
El tema de Salinas Pliego le cayó “como anillo al dedo” al presidente, ya que con el ese escándalo no se le ha dado difusión a los múltiples crímenes espantosos, de 74, 78 a 85 diarios, que hemos sufrido en nuestro país los últimos días. Pero estamos bien y hay que seguir en ese mismo rumbo.
