Es natural que los últimos días del año sean agitados. Los temas que levantan ámpula siguen allí. Entre otros, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la costosa oferta de compra a los tenedores de bonos del proyecto; las tensiones entre Palacio Nacional y varios gobernadores; los recelos provocados por el presupuesto de egresos que el Ejecutivo envió de inicio a la Cámara de Diputados en el que se plantearon recortes financieros a municipios, gobiernos estatales, el sector del campo, las universidades, la esfera científica y el ámbito cultural, por mencionar algunas áreas que habrían de sufrir mayor escasez de recursos.
Hay que sumar la intención de bajar los sueldos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y otros funcionarios del poder judicial, así como el propósito de hacer despidos en el Sistema de Administración Tributaria. Todo en el contexto de la intención del presidente López Obrador de procurar la disminución general de los salarios de los funcionarios públicos.
Otras noticias que preocupan son el creciente número de homicidios cometidos en el año; la incontenible violencia contra las mujeres que se revela tras los feminicidios que no cesan (entre otras formas de hostilidad); las implicaciones de crear la Guardia Nacional; y la crisis humanitaria que viven los migrantes de Centroamérica.
La lista podría seguir pero es suficiente para darnos una idea de lo que tenemos enfrente: un país con instituciones débiles y todavía sin acuerdos fundamentales --entre sociedad, organizaciones políticas, actores privados y gobierno-- para enfrentar el futuro inmediato.
El principal hecho promotor de la incertidumbre es el derrotero que va a tomar la Cuarta Transformación (4T), es decir, el gobierno de López Obrador y su intención manifiesta de enrumbar a México hacia una serie de cambios de magnitudes históricas.
Hay que tomar en serio a la 4T. A pesar de que aún carece de contenidos claros, y del peculiar estilo de gobernar de López Obrador, no es una ocurrencia sin fundamento. Mucho menos es un eslogan que se va a diluir con el paso del tiempo, como ocurrió con la fórmula de Peña Nieto (“Mover a México”), o con el Pacto por México que al principio de la pasada administración contó con el respaldo del PRI, el PAN y el PRD.
Esta vez es diferente. López Obrador es un político que no sólo piensa distinto --después de todo, es de Centro-izquierda-- sino que es un auténtico líder, estemos o no de acuerdo con él. En otras palabras, López Obrador se asume capaz de echarse a cuestas el destino de una nación cuyas inmensas mayorías exigen un cambio de dimensiones mayores. Para sustentar esa autoconfianza están los aproximadamente 30 millones de votos que consiguió y la popularidad que posee.
El punto a considerar es que vivimos el principio de una nueva época. Querámoslo o no, así es. Se está agotando el orden histórico que comenzó con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México. Esto significa que muchas instituciones y maneras de hacer vida pública están en entredicho: su legitimidad y aceptación penden de un hilo. Los gobiernos estatales y municipales, los congresos locales, la Suprema Corte de Justicia y el sistema judicial, los partidos políticos, las universidades públicas y los sindicatos, entre otras instituciones, estarán más vigilados que nunca: su modo de funcionamiento será sujeto a examen. También lo estará, por supuesto, el comportamiento del gobierno federal y sus aliados de Morena en el congreso.
De por sí, la movilización del 1 de julio que dio el triunfo a López Obrador, es una suerte de insurrección ciudadana. Pacífica, pero enderezada a subvertir el orden de cosas que ha llevado al país donde está. Si no fuese así, Morena no parecería, por momentos, estar a punto de convertirse en una ola capaz de derribarlo todo con enormes riesgos.
Estamos en una encrucijada: una posibilidad --lo más fácil pero también lo más pernicioso-- es que nos arrastren las crispaciones inherentes a la llegada de un nuevo grupo hegemónico a la Presidencia y el Congreso, y caer en una polarización incontrolable (confrontación entre el gobierno y los empresarios, entre el Ejecutivo y algunos gobernadores y alcaldes, entre Morena y los otros partidos, entre la administración federal y las universidades...).
La otra es superar la política facciosa e impulsar --con un AMLO razonable a la cabeza y una clase política nacional generosa-- un pacto patriótico sustentado en el convencimiento de los actores relevantes. Deben asumir que México no puede tener futuro si el Estado no recupera su capacidad para regular la economía e influir en las decisiones de los principales actores políticos y sociales de manera que todos cedan lo que les corresponde.
Hay que suscribir una suerte de nuevo trato, o acuerdo nacional, por la estabilidad política, el crecimiento económico y la recuperación de la paz y la seguridad en la República.
