Sin ánimo de simplificar en exceso, al menos dos factores clave marcarán el rumbo de la economía nacional en los próximos años. El primero es una visión que apueste por fortalecer las capacidades y ventajas productivas de cada región, a través del impulso del desarrollo local a partir de sus vocaciones económicas. El segundo es la adopción de una perspectiva de largo plazo, que articule de manera coherente las acciones necesarias para construir una política industrial orientada a una economía más resiliente, diversificada y sostenible.
Ambos enfoques confluyen en los objetivos centrales del Plan México, donde los Corredores Económicos del Bienestar están llamados a desempeñar un papel estratégico como instrumentos de desarrollo territorial. Más allá de una apuesta por el crecimiento económico, estos corredores buscan ordenar el territorio, atraer inversión, fomentar la integración regional y elevar el bienestar de las comunidades.
En este contexto, el Corredor Económico de Bienestar Frontera, que comprende los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y el norte de Veracruz, representa una de las iniciativas más relevantes para fortalecer la competitividad del norte del país y fomentar un desarrollo más equilibrado. Forma parte de una red de diez corredores concebidos para dinamizar la economía mediante el fortalecimiento de cadenas de valor y la atracción de inversiones estratégicas.
Este corredor no solo destaca por su ubicación geográfica privilegiada y su cercanía con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, sino también por su notable densidad industrial y su potencial productivo en sectores clave como el energético, aeroespacial, agroindustrial, automotriz, entre otros. De acuerdo con datos del sector, más de 28 por ciento de los proyectos económicos del país se concentran en esta región, con un valor estimado de 298 mil millones de dólares, equivalente a aproximadamente 16 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional.
Firmas globales como General Motors, Ford o KIA ya operan en esta región, junto con empresas tecnológicas, energéticas y agroindustriales. Esta concentración industrial convierte al corredor en un nodo esencial para el comercio transfronterizo y la integración económica con América del Norte.
Sin embargo, para que esta iniciativa cumpla su propósito, es imprescindible atender tres desafíos estructurales. El primero es reducir la desigualdad regional, garantizando que los beneficios del desarrollo se distribuyan de forma equitativa entre la población. El segundo consiste en mejorar la infraestructura estratégica: aunque la conectividad vial es robusta, es necesario fortalecer los sistemas ferroviario, portuario, hidráulico y energético, fundamentales para impulsar nuevos parques industriales y elevar la competitividad. El tercer desafío es reforzar la seguridad pública, condición indispensable para atraer inversiones y generar confianza en el entorno empresarial.
Superar estos retos no solo ampliará el impacto económico y social del corredor, sino que lo consolidará como un verdadero motor de transformación productiva para el país. Para lograrlo, será fundamental fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado, generando sinergias que impulsen la producción. Del mismo modo, se requiere una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno y las dependencias involucradas, que asegure una implementación integral y coherente del plan.
Detrás de esta iniciativa existe una visión de desarrollo compartido, construida sobre dos premisas fundamentales que ya han sido trazadas: saber a dónde queremos llegar y cómo haremos para lograrlo. Este es, sin duda, el paso más decisivo, pues solo con una visión común de futuro es posible diseñar una ruta clara, coherente y efectiva. En ese sentido, el Corredor Frontera representa una apuesta concreta sobre la que podemos construir esa certeza.
