La reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular a los “agentes con tareas policiales y de supervisión de la ley de gobiernos extranjeros” (el eufemismo debe leerse de la siguiente manera: controlar a los agentes de la DEA) es un despropósito, a menos que su objetivo sea cancelar la cooperación en materia de seguridad con el gobierno de EU o que ellos la impongan.
Hay que tener muy claros los puntos de partida. Uno, el problema del narcotráfico es común. Si no se enfrenta conjuntamente, los esfuerzos separados siempre serán insuficientes. La colaboración es indispensable si se quiere tener algún grado de éxito. El problema no desaparecerá si permanece el marco prohibicionista de las drogas; pero es posible reducir violencia, montos traficados, lavado de dinero, flujo de armas, etc. Definir objetivos realistas y viables debe ser uno de los temas de la colaboración. Pero el dato duro, nos guste o no, es que nos necesitamos. No solo nosotros. EU también necesita la colaboración de México.
Dos. La condición necesaria, aunque no suficiente, para la cooperación, es la confianza. Sin ella no habrá colaboración real y eficaz, no obstante que se tengan acuerdos firmados. Este ha sido el problema histórico por resolver en la relación de los dos países. EU desconfía por dos razones: la corrupción casi endémica de muchas autoridades mexicanas y la simulación del combate al narcotráfico que caracterizó a muchas dependencias (no siempre del Presidente). México desconfía de EU por la unilateralidad y prepotencia con que se han conducido las más de las veces las agencias de EU.
El caso Cienfuegos ilustra muy bien, desde las ópticas de los dos gobiernos, las causas mutuas de la desconfianza. Les da la razón a los dos. El caso es que ahora, la colaboración es, para efectos prácticos, nula. Desde esta perspectiva, los cambios a la ley son un despropósito porque ahonda la desconfianza. No afirmo, con esto, que no haya que normar mejor la operación de las agencias de EU en nuestro territorio. Hay que hacerlo, pero vía una ley mal diseñada no es la mejor manera.
¿Por qué está mal diseñada? Primero, porque la excesiva reglamentación la vuelve incumplible. Que todos los funcionarios mexicanos informen de cada reunión, llamada telefónica, correo electrónico y hasta mensajes de WhatsApp cada tres días es un absurdo. Se generaría —si es que se cumple, porque no hay manera de supervisar que los sujetos obligados lo hagan— una cantidad de información, 99 por ciento inútil, que no habrá manera de procesar y permitirá que se vuelva difícil encontrar 1 por ciento útil y valioso.
Segundo, esta parece ser la ley Ebrard, pues en vez de que la Secretaría de Seguridad sea la responsable del control de la DEA, le da ese poder y atribuciones a Relaciones Exteriores. Ello generará gran desconfianza tanto en los agentes extranjeros como nacionales. ¿Por qué y para qué tienen que enterarse en Relaciones Exteriores de operativos de seguridad y justicia?
Tercero, para tener normas operables y funcionales entre dos gobiernos amigos y socios, estas deben ser definidas de manera conjunta, sin violar los principios de la soberanía. Igual que se negoció el T-MEC se pudieron negociar las bases de la operación de agentes y de la cooperación. La agresividad mostrada en la iniciativa de ley ya generó el rechazo y la advertencia del gobierno de EU: así no cooperaremos. No creo que México se pueda dar el lujo de no tener el apoyo de EU en materia de seguridad. Y tampoco el que nos la impongan utilizando muchos otros medios de presión. ¿Se trata de negociar desde una posición más dura? Suerte.
