Escribir que casi 100 mexicanos son asesinados todos los días –entre ellos 10 mujeres solo por ser mujeres— y que cientos de familias cada mes se suman a las más de 90 mil que viven el horror de tener a uno de sus miembros desaparecido ya es, por desgracia, un lugar común que nos deja casi indiferentes. Y la dimensión de esta enorme tragedia social crece o permanece en esos niveles, sin que el problema se haga prioritario para el gobierno, ni tenga interés en modificar su comprobadamente fallida estrategia. Revisemos el instrumento para enfrentar el problema: la Guardia Nacional (GN).
Primero. A estas alturas del sexenio sigue sin tener pies ni cabeza. La Constitución dice que es una “institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada, profesional y órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad”. El carácter civil es una gran mentira: todos sus mandos son militares; la mayoría de sus elementos son soldados y marinos. En el último informe de seguridad del gobierno se afirma que la Guardia Nacional tiene 101 mil 773 integrantes; en el tercer Informe de gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que la GN tiene únicamente 37 mil 664 plazas, lo que significa que más de 64 mil de sus supuestos miembros son soldados y marinos disfrazados de guardias y sus plazas están en Sedena y Semar, lo que es un lío administrativo, laboral y legal mayúsculo. Además, sin la capacitación policial requerida; los cursos que se les dan son de ocho semanas.
Se imaginan los conflictos para operar entre un comandante regional de la GN y el jefe de la zona militar. El primero tiene tareas que cumplir, pero el personal para hacerlo depende del segundo, a quien no le alcanzan los soldados. Además, éstos no quieren ser guardias porque pierden su carrera militar, la cual es más atractiva que la de la GN. En esas circunstancias, resolver ese galimatías operativo, administrativo y de seguridad es muy difícil y más si permanece en la Secretaría de Seguridad. Por eso, la iniciativa de regresarla a la Sedena. Pero hacerlo eliminará el lío administrativo, pero no garantiza eficacia.
Segundo. Sigue siendo muy pequeña para las necesidades de seguridad. España, que tiene un territorio cuatro veces menor que el mexicano, la tercera parte de la población de México y no enfrenta un crimen organizado de las características y la peligrosidad del nuestro, tiene 160 mil policías en el ámbito nacional (60 mil más que la Guardia Nacional) y además decena de miles de policías a escala estatal y municipal.
La segunda gran tragedia institucional, después del intento (ya casi logrado) de militarizar permanentemente la seguridad, es el abandono de las policías civiles de estados y municipios a su suerte, sin ningún apoyo federal. Las pésimas condiciones laborales, el deficiente nivel de preparación y equipamiento, los inexistentes o mínimos soportes institucionales (inteligencia, seguridad social, etc.) en que operan la mayoría de esas policías (afortunadamente hay excepciones, aunque pocas) las vuelven ineficaces. Sin policías locales civiles, profesionales y con respaldo social, la GN no tendrá ni el tamaño, la información ni la inteligencia para alcanzar un mínimo de eficacia.
La militarización de la seguridad pública no es la solución a la inseguridad. Es increíble que el gobierno no entienda que están de por medio las próximas 100 mil personas asesinadas y otros 30 mil desaparecidos en la segunda mitad del sexenio.
Guillermo Valdés Castellanos
