El espionaje es una fuente para generar inteligencia; no la única pero indispensable para la seguridad nacional. La intervención de las comunicaciones privadas es un tipo de espionaje que, a pesar de ser el más intrusivo por violar el derecho a la privacidad, solo puede justificarse por alguna causa importante, la seguridad nacional. Su utilización es un dilema porque chocan dos derechos —la privacidad de las personas y la seguridad nacional— y la única manera de resolverlo es a través de la intervención de un poder ajeno al órgano de inteligencia, el judicial, que valore si realmente se trata de una causa justificada de seguridad nacional.
Sin embargo, para evitar abusos de las agencias estatales en el uso de ese instrumento no basta que un juez lo autorice, ya que además se tiene que impedir su utilización discrecional en contra de ciudadanos que no están vinculados a riegos de seguridad nacional. Para ello, es indispensable que el Poder Legislativo disponga de facultades y mecanismos eficaces de control y supervisión de las agencias de seguridad, de manera que pueda verificar el uso adecuado y legal de las tecnologías de intervención de comunicaciones. Todas las democracias hacen inteligencia para la seguridad nacional, pero sus agencias están controladas por el Legislativo y el Judicial.
En México, la Ley de Seguridad Nacional incluye solo cinco artículos sobre el control del Cisen (ahora CNI) por parte del Congreso que son claramente insuficientes para impedir el espionaje ilegal de ciudadanos. Tampoco hay disposiciones legales ni institucionales para que la FGR, las fiscalías de justicia de los estados, la Guardia Nacional, Sedena y Marina —que también tienen facultades de intervención de comunicaciones— estén bajo una supervisión estricta en la materia. Hay, por tanto, una omisión total en el control de las agencias de seguridad del Estado mexicano en materia de espionaje de telecomunicaciones. De ahí que el espionaje en nuestro país sea práctica recurrente e impune.
Por esa razón es o debiera ser un escándalo que de 50 mil teléfonos intervenidos con el sistema de espionaje Pegasus, 15 mil pertenezcan a México, según la investigación de las ONG’s Forbidden Stories y Amnistía Internacional junto con un consorcio de periódicos, entre ellos The Guardian y The Washington Post.
El Congreso debiera tomar medidas al respecto y no esperar que el Ejecutivo, de quien dependen las agencias de seguridad nacional y seguridad pública, lance una iniciativa de ley al respecto. Para el presidente López Obrador el tema de la seguridad nacional no solo no le interesa, simplemente no existe. Mientras haya aparatos de seguridad con esas tecnologías y facultades legales de espiar (y es importante que las haya) habrá la tentación de utilizarlas para otros fines. Lo que se requiere son mecanismos institucionales eficaces de control y supervisión.
Pero tampoco el Congreso mexicano ha estado interesado en el tema. No hay legisladores expertos en seguridad nacional y éste no es tema no digamos prioritario; no está en ninguna agenda legislativa. Por lo tanto, no será sorpresa que la 4T, que ya aprendió a utilizar el espionaje (hay periodistas serios que aseguran que están siendo intervenidos por este gobierno) lo haga sin medida ni tapujos como parte de su juego de las corcholatas, tal como lo hicieron Osorio Chong y Peña Nieto.
Guillermo Valdés Castellanos
