Está bastante documentado que al presidente López Obrador no le interesa que se realicen procesos judiciales, apegados al debido proceso, en contra de quienes cometieron delitos propiciados por la corrupción del pasado sexenio. Su objetivo es enjuiciarlos él mismo con base en documentos, videos e información que son filtrados a la opinión pública mágicamente (por funcionarios de su gobierno o, peor aún, de la FGR) a las pocas horas de que él lo sugiere. Por esa razón, la sanción de los presuntos implicados no será la cárcel sino el estigma y la condena social, por lo cual él espera recibir un bono en popularidad, posiblemente canjeable en los comicios de junio próximo. Es “su” justicia, la cual, de facto, sustituye el orden legal. Gravísimo. Primera consecuencia: banalizar y nulificar el combate a la corrupción.
Ese desprecio de la legalidad por parte de la máxima autoridad de un país —impensable en cualquier democracia en la que el gobernante sea congruente con su juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución, y demuestre un compromiso con la ética y la decencia mínimas— tiene otras repercusiones severas para la vida en sociedad. Segunda consecuencia: justifica cualquier abuso y barbaridad cometida por otros funcionarios. Por ejemplo, que la Función Pública juzgue y sancione a la revista Nexos sin fundamento alguno y sin darle el recurso de alegar nada en su favor. Un claro abuso de autoridad contra una publicación que ha sido crítica del presidente. Autoritarismo burdo y uso arbitrario del puesto para venganzas personales. Así de rápido cunde el ejemplo.
El historial de este gobierno en materia de respeto a la legalidad es deplorable. Desde las consultas populares, que no cumplieron los requisitos legales, pero fueron utilizadas para cancelar el aeropuerto de Texcoco o la cervecera en Mexicali, hasta decretos para militarizar la seguridad pública, pasando por imposición de funcionarios que no cumplen con los requisitos legales, en órganos autónomos, como la titular de la CNDH, y la reducción voluntaria de sueldos de los trabajadores del gobierno. La lista es enorme. Curiosamente, Nexos documentó todas esas actuaciones que han sido impugnadas ante la SCJN o mediante amparos.
Por tanto, una tercera consecuencia es la ruptura de la confianza de los empresarios en un Presidente que respeta discrecionalmente las leyes y los contratos del Estado con los privados. La pérdida de esa confianza empresarial ya les costó a los mexicanos que la economía dejara de crecer y por tanto no creara varios cientos de miles de nuevos empleos el año pasado.
Cuarta consecuencia. Si el Presidente afirma que puesto a escoger entre la justicia y la ley siempre va a optar por la primera, socava los fundamentos de la convivencia social pacífica. Porque sin tomar en cuenta la ley, cada uno puede definir la justicia como se le dé la gana. Pero para que los ciudadanos hagan justicia por propia mano se requiere de la fuerza y la violencia. Por tanto, el Presidente está justificando a los sujetos de “la combi” que hace unas semanas golpearon hasta dejar inconsciente a un ladrón y a las autodefensas en Guerrero que secuestran a sus víctimas y a quienes lincharon hace un par de semanas a un inocente en Puebla, acusado de secuestrador sin ninguna prueba. En vez de construir un Estado que haga justicia aplicando la ley, lo que se promueve es la ley de la selva, la que vemos normalizada todas las noches en los noticieros.
