La cuarta transformación no es un proyecto de nación, es un conjunto de actitudes y mecanismos para invadir y controlar las dependencias gubernamentales, y retener el poder político, aspirando a un régimen de partido hegemónico.
Esta lógica autoritaria no construye consensos, sino que polariza y busca destruir o reducir a su menor expresión a quienes detenten autonomía u opiniones contrarias a su ideología: “decretar la comunión obligatoria” (Octavio Paz). Se busca esto desde el Estado y con recursos públicos, sin cuidar las formas ni las apariencias de legalidad o imparcialidad. Por el contrario, se ostenta la opacidad y el hostigamiento oficial impune.
Se institucionalizan la mentira, la envidia y el resentimiento social, y el complejo de inferioridad se eleva a reivindicación histórica. Las oficinas públicas son tomadas por asalto por los partidarios del nuevo régimen, desplazando y despidiendo a profesionales competentes para sustituirlos con incondicionales cuya falta de capacidad y creatividad son la mayor garantía de su lealtad (Ana Arendt).
Entre los ámbitos de autonomía más atacados están la prensa independiente, las opiniones críticas y la autonomía de los jueces. Como dice Anne Applebaum, en la lógica autoritaria la prensa solo puede ser libre, y las instituciones públicas solo pueden ser justas una vez que se les controla (El ocaso de la democracia, 2021: 31).
La hostilidad y descalificación cotidiana desde Palacio Nacional hacia quienes piensan y opinan diferente, son la peligrosa aquiescencia para el clima de violencia e inseguridad para los comunicadores; sin embargo, los ámbitos de opinión y comunicación críticas se resisten firmes.
El pensamiento científico y crítico también son atacados a través de la cooptación de las instituciones científicas y académicas, dirigiéndolas con visión política y criterios burocráticos. La iniciativa en materia de ciencia y tecnología establece como órgano rector nacional de la materia a trece secretarías de Estado (entre ellas las secretarías de Defensa y Marina) más seis invitados del Director del Consejo. Los centros públicos ¡estarían sectorizados a la Secretaría más afín a su vocacionamiento de investigación!: total centralización y burocratización de la ciencia.
De igual forma, a la judicatura, cuando actúa como contrapeso, como poder contramayoritario y defensor de los derechos humanos y la Constitución, se le tacha de conservadora o de ser parte de la “mafia del poder”. Por eso fue muy buena noticia que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fuese elegida como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La ministra Peña ha sido parte del grupo de ministros que han acotado o anulado las acciones del gobierno federal actual cuando ha contravenido las restricciones constitucionales. Su independencia y pensamiento de avanzada son alentadores.
Ojalá que los ámbitos de autonomía y los contrapesos institucionales resistan los embates del autoritarismo para poder aspirar a la restauración del Estado de derecho y la racionalidad de las políticas. El próximo desafío será cuidar los perfiles que lleguen al Consejo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral.
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
