La lógica de esta reforma es la de politización y control político sobre los poderes judiciales, particularmente el federal. Una reforma a contracorriente de un Estado social y democrático de derecho. En una democracia, los atributos del Poder Judicial son la independencia y autonomía (externa e interna). De igual forma, por la naturaleza contramayoritaria de muchas de las decisiones fundamentales del Poder Judicial de la Federación hacen indeseable que su conformación genere algún tipo de conflicto de interés e influencias derivadas del proceso de elección del que derive su nombramiento: un proceso electoral y no un concurso de mérito y competencias.
También es contrario a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que contempla el derecho a acceso a la justicia (art. 8º), al recurso judicial efectivo y a las medidas adecuadas para dar eficacia a los derechos humanos (arts. 1º, 2º y 25), que coinciden en tener poderes judiciales independientes, autónomos, efectivos y profesionales. También los tratados de libre comercio implican la existencia de tribunales con dichas características. Lo más probable es que, ante tribunales tan politizados y poco profesionales, las contrapartes comerciales de México harían uso de su derecho a acudir a paneles internacionales más confiables.
La actual legislatura trabaja en el dictamen y en su votación en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que ya quede aprobado en comisiones; y no tenga que esperar a la segunda o tercera semana de septiembre para la integración de las nuevas comisiones. De esta forma, el primer día de sesiones de la siguiente legislatura, estaría listo el dictamen para votarse por el pleno. Si en un par de días se aprueba en las cámaras y seguramente en breve plazo se enviarán a las legislaturas, se podría tener el cómputo de más de la mitad de legislaturas para consumar la reforma costitucional en una semana o menos. Además, el régimen transitorio establece que de inmediato se proceda a la implementación de la elección popular de los Ministros, magistrados y jueces. Tras la publicación de la reforma, se tendrán hasta veinte días para las postulaciones.
Eso indica que el actual presidente quiere ser quien proponga a los aspirantes del poder ejecutivo y, por supuesto incidir en las propuestas del legislativo, y apostar por ver si “sus” ministros complican las designaciones de la Suprema Corte. El presidente López Obrador sería el único presidente que, bajo este esquema de elección, nominaría a todos l@s funcionari@s del poder judicial elegibles. La presidenta Claudia Schembaum propondría aspirantes para todos los espacios de jueces y magistrados federales y a tres magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que se elegirán en las elecciones federales de junio de 2030, pero no propondrá a ningún aspirante a ministro. Será la Corte de AMLO por los próximos ocho años (¿cubriéndose las espaldas?)
Ante el desmantelamiento de los controles y contrapesos constitucionales, solo quedarán los contrapesos sociales y de la comunidad internacional. Comienza la peor de las tiranías, la tiranía de la mayoría.
