El cambio climático constituye el mayor desafío global que enfrenta la humanidad. Nuestro país desempeñó, a lo largo de las últimas administraciones, un papel destacado en las negociaciones multilaterales que condujeron a la adopción del Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en 1992, al Protocolo de Kyoto en 1997 y en el proceso para llegar al Acuerdo de París en 2015, hoja de ruta que establece un límite al incremento de la temperatura por debajo de los 2°C, e incluso para reducirlo a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, objetivo que requiere cambios vertiginosos, de gran calado y sin precedente en todos los aspectos de la sociedad, acompañados de una política pública que los haga compatibles y congruentes.
La humanidad está en alerta máxima. La crisis climática se está generalizando en todas las regiones del planeta. Sus consecuencias se hacen cada vez más visibles: inundaciones, olas de calor extremo y sequías, que comprometen esfuerzos globales y locales para combatir la pobreza, alcanzar la seguridad alimentaria y reducir la desigualdad.
Lo ineludible y prioritario para el gobierno es entender que su tarea es coordinar un esfuerzo transversal y multisectorial sin demora para contribuir a mitigar sus efectos adversos, sin prohibiciones legales o estigmatizaciones a determinadas actividades productivas, sino más bien fomentándolas, con regulaciones más eficaces y visibles, y una mayor presencia en su vigilancia. Anteponer la razón a la dictadura de la ideología para generar nuevos empleos y prosperidad bajo la premisa fundamental de que el crecimiento es sustentable o no es. Hoy no vamos en el camino correcto. El cambio climático no se toma como prioridad. Sus programas y obras en curso no van en la ruta idónea para avanzar en el cumplimiento de las metas a 2050, menos las de 2030. Los sectores productivos deben también incrementar sus acciones.
México, como se sabe, se comprometió a reducir incondicionalmente todas sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 22 por ciento y en 51 por ciento las de carbono negro a 2030, y 50 por ciento de reducción de GEI a 2050, con respecto a las de 2000. Además, alcanzar a 2030 la tasa de deforestación cero. No lo lograremos. Tampoco cumpliremos la meta de generar 35 por ciento de energía limpia para 2024.
Las políticas energéticas de hoy favorecen los combustibles fósiles y menosprecian las energías renovables, con una Semarnat debilitada, con limitadas capacidades humanas y con mínimo presupuesto.
A la COP26 en Glasgow, Escocia, llegamos sin ambición climática, sin compromisos mayores, con 60 por ciento de aumento de emisiones de GEI en los últimos 20 años y la pérdida de 350 mil hectáreas anuales. Tan solo con el programa Sembrando Vida, que deforesta para reforestar más de 73 mil hectáreas de árboles, sin dejar de mencionar los proyectos en el sureste que destruyen los bosques, que los atraviesan y arrasan el equilibrio ecológico de la zona.
Prueba de ello son los propios datos del Inegi: los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en 2020 ascendieron a 1.06 billones de pesos, equivalente a 4.6 por ciento del PIB nacional, lo que acredita su impacto negativo en la economía, dados los insuficientes esfuerzos en la protección al medio ambiente, al que se destinan cantidades menores (solo 101 mil 299 millones de pesos). Con esta inversión insuficiente en la política gubernamental de protección ambiental, hoy se tiende, en cambio, a culpar a importantes actividades productivas, como la minería, de la degradación ambiental.
México ocupa el lugar 14 en la generación de emisiones (2 por ciento de las mundiales). Los principales generadores de GEI a nivel nacional son el transporte (26 por ciento), la generación de electricidad (19 por ciento), el sector industrial (17 por ciento), y el de petróleo y gas (12 por ciento). El restante (26 por ciento) lo integra la agricultura (12 por ciento), desperdicios (5 por ciento) y residencial comercial (4 por ciento), y otros (5 por ciento). El sector minero es responsable solo de 1 por ciento de las emisiones mundiales de GEI, cifras que se traducen en la necesidad de revisar también a otros sectores potencial y mayormente contaminantes, de los que nada se dice.
Previo a Glasgow, la ONU pidió a los países revisar y fortalecer sus metas a 2030 en sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), para asumir compromisos y frenar la deforestación, erradicar emisiones antropogénicas de metano, abandonar el carbón, no fabricar coches de combustión a 2035 y cero neto de emisiones de GEI a 2050. México solo suscribió el relativo a detener la pérdida de biodiversidad. Muy poco para el tamaño de los retos. Mantuvimos las mismas metas, cuando es urgente potenciarlas.
Mala combinación lo es el desprecio a la crisis climática con la política de prohibiciones y excepciones, enmarcado en el desconocimiento de la profusa normatividad ambiental que contiene suficientes instrumentos preventivos para proteger, mitigar daños y preservar el medio ambiente, incluso en Áreas Naturales Protegidas, en dónde sus programas de manejo hacen viable la realización de actividades productivas como la minería en zonas de aprovechamiento especial, al igual que los programas de ordenamiento ecológico de los estados.
Las prohibiciones suelen tener efectos devastadores en las comunidades. En cambio, el fomento de las actividades productivas, enormes beneficios en su bienestar y en su desarrollo sustentable. Sobran ejemplos de ello.
Apostar por el futuro es emprender acciones concretas y coordinadas con la sociedad para enderezar el rumbo, uno en que las decisiones que impactan nuestro capital natural se basen en la ciencia de calidad, en la razón técnica, en el fomento de las actividades productivas responsables en su desempeño ambiental, lo que mayormente cumple la industria minera moderna.
Lo contrario es jugar con la vida e ilusiones de bienestar de millones de personas de las generaciones jóvenes, que esperan un futuro viable y prometedor con todo a 1.5°C.
Guillermo Haro*
* Consultor independiente y profesor universitario.
