No puede entenderse más que como obsceno colofón del escandaloso saqueo a manos de sus élites rapaces que durante los pasados sexenios sufrió la nación, la última revelación que ante la presión social finalmente emitió el SAT de Margarita Ríos-Farjat, respecto de los impuestos arbitrariamente condonados a prominentes figuras públicas y empresas privadas, en montos que rebasan a la imaginación más febril; y que en conjunto drenaron cientos de miles de millones de pesos que dejaron de percibir las arcas del empobrecido erario federal por todo tipo de saqueos alegremente permitidos, cuando no impunemente auspiciados o llevados a cabo por las mismas autoridades.
Los amnistiados dispensados con un trato magnánimo por demás derrochador que ni soñando el SAT brindaría al contribuyente normal, son entes privilegiados, son la representación descarada de la crema y nata del cinismo y la corrupción que ahora se dice combatir con denuedo.
En el mucho ruido y pocas nueces los contribuyentes, sin embargo, abrigan poca esperanza de que este SAT humanice sus prácticas, muchas de ellas discrecionales y atrabiliarias, y se aprestan a sufrir los embates que ya preparara el órgano recaudador para el año venidero en una magnitud y peligrosidad equiparable a “terrorismo fiscal” sin que se les pueda contradecir demasiado.
De prosperar la legislación fiscal que ya se discute en el Congreso, draconiana y vulneradora de garantías individuales, será difícil eliminar el resabio rencoroso de quien paga una obligación fiscal a sabiendas que en el pasado muy reciente unos pocos cientos de contribuyentes más afortunados que él, con la conexiones apropiadas, salieron del SAT airosos con perdones fiscales en la bolsa de miles de millones de pesos.
Amnistías irrestrictas sin justificación razonable para políticos, medios de comunicación, celebridades, políticos desde luego, empresas (incluso públicas como la CFE), bancos y banqueros, ex primeras damas, y hasta la actual dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, de una larga lista preliminar a la que falta anexar los beneficiados de 101 mil 443 millones de pesos por ahora todavía amparados.
¿Qué se puede argumentar para condonar a un próspero negocio lechero como Grupo Lala y explicar por qué merecía de un plumazo dejar de pagar casi 2 mil 500 millones de pesos? O incluso, ¿qué parámetros se aplicaron a la hoy políticamente favorecida por la 4T, Yeidckol Polensky, para que en 2013 guardase más de 16 millones de pesos antes que enterarlos al fisco?
O incluso, ¿de qué influencia hizo gala Diego Fernández de Cevallos (el que ahora es un evasor fiscal predial consuetudinario de casi 900 millones de pesos, que en el colmo del léxico leguleyo alardea “negociar sin privilegios, pero también sin abusos”) para apropiarse de diversos 8 millones de pesos en marca compartida con otro saqueador: Salinas de Gortari? Vaya, hasta a un ciudadano argentino de viva imagen de transa en México como Carlos Ahumada, mereció la dispensa de 6 millones de pesos.
Ya se sabe que el presidente López Obrador envió una iniciativa constitucional para que desde la Carta Magna quede prohibida en adelante la perniciosa práctica de condonar impuestos, si bien en el trueque de justos por pecadores vira al otro extremo y elimina hasta la posibilidad de hacerlo temporalmente con la población en general o a determinados sectores cuando así lo amerite un desastre natural mayúsculo que interrumpiera determinadas actividades productivas.
El SAT de Ríos-Farjat que se vislumbra, es uno que dice habrá de atacar este flagelo y otros como el de los llamados “factureros”, pero al hacerlo (y muchos dicen que con ese “pretexto”) impondrá severas medidas de carácter discrecional al contribuyente en general. Recientemente publicó un decálogo de tinte moralizante que tiene amplios márgenes de interpretación y dudoso efecto legal vinculante.
La burocracia tecnocrática del SAT que se ha ido endureciendo al paso del tiempo en paralelo a la sofisticación de sus herramientas cibernéticas, no tardará en acabar de empaparse de ese espíritu de cuerpo con el que ahora mira a cualquier contribuyente, criminalizándolo de facto como evasor en potencia.
El decálogo si bien no es obligatorio sí tiene legislación correlativa en las leyes y códigos fiscales que de hecho ya aplica sin miramientos. Hace recaer en el contribuyente más del 80 por ciento de actividades fiscalizadoras que antaño correspondían al SAT, empezando por verificar la existencia del domicilio fiscal de los proveedores y su registro en el SAT, mediante la documentación que lo acredite. Un claro despropósito para empresas con cientos o miles de proveedores. Igual resulta imposible a priori saber qué es para el SAT “un esquema fiscal agresivo” del que pide abstenerse al contribuyente. Un SAT donde cunde la discrecionalidad en la que cualquiera puede volverse de facto un criminal organizado y llevado a prisión preventiva sin antes ser juzgado.
