A la hora que sea leída esta columna, la comitiva mexicana que de forma apresurada y en cierto sentido short sighted viajó a Washington por instrucciones del presidente López Obrador a deshacer la furia arancelaria que Donald Trump amenaza con aplicar a México, estará interactuando (decir “negociando” sería impreciso) con algunas de sus contrapartes estadunidenses.
Imprevista polémica en una mesa de asuntos bilaterales México-EU que hasta hace días lucía despejada, de modo que incluso en el Senado de la República, el tratado comercial entre México, EU y Canadá, mejor conocido por su acrónimo T-MEC, avanzaba al tramo final de su aprobación legislativa.
Bastó un Twitter trumpiano para hacer sentir sobre el país un cataclismo económico en ciernes, de prosperar la imposición de Trump de aplicar aranceles progresivos del 5 al 25 por ciento a toda mercadería mexicana, en caso de no cumplirse condiciones de índole migratoria siempre sujetas “exclusivamente al parecer soberano de EU”.
Es decir, no habría ni siquiera parámetros objetivos para que México pudiera afirmar ante EU, de manera hipotética, cumplir con las exigencias enunciadas en tono de ultimátum. El imperio nos reduciría casi a una condición de esclavitud.
Se trata por lo mismo de un tema que complica cualquier ejercicio de prospectiva medianamente razonable. La incertidumbre es por lo pronto la nota generalizada. Pudiera ser que incluso, de forma anticlimática, el impasse entre los dos países se resolviera así fuera temporalmente por vías no imaginadas hasta ahora, como es el caso del súbito y apenas anunciado rechazo a la medida por el Partido Republicano “por falta de bases legales con las que la Casa Blanca sustenta la imposición de aranceles”. O por lo declarado por Peter Navarro, el asesor comercial de Trump, en el sentido que quizá los aranceles estadunidenses a bienes mexicanos no tendrían que entrar en vigor finalmente, ya que ahora “tenemos la atención de los mexicanos”, lo que confirma el carácter chantajista de la medida anunciada.
Sin embargo, no sobra y se hace necesario que alguien en el gobierno mexicano se planteé: ¿a qué parte de los intereses norteamericanos (y no solo a los electorales de Trump) se refiere la Casa Blanca cuando dice que México no estaba poniendo atención? Es preciso saberlo no tanto para satisfacerlos en sí, como para hacer lo que conviniera de ellos. Sería útil tenerlos presentes en el mapa geopolítico de México por lo menos. Para Trump, sus preocupaciones en torno a su frontera sur (admisibles o no, disfrazadas o genuinas) son todas relativas a la seguridad. La economía no le es relevante.
Evidentemente el carácter mercurial de Trump lo hace un gobernante impredecible sin importar qué, aun así responde a intereses. México no puede caer en el solipsismo internacional tratándose de un país vecino con quien comparte una fortísima integración económica y cultural.
Por todo ello urge que desde el lado mexicano puedan hacerse de análisis cualitativamente mayores sobre lo que sin duda se va perfilando en el gobierno de la 4T como una falta de estrategia integral en la relación México-EU (que no sea de índole espiritual amigos-en-amor-y-paz), donde parece reinar la ingenuidad, la improvisación y las miradas cortas. Ejemplo de estas últimas es la negativa de AMLO a asistir a la reunión del G-20.
Otro espacio, el de la Iniciativa Mérida, tratado de seguridad internacional aprobado por el Congreso norteamericano para combatir junto con México y países de Centroamérica al narcotráfico y al crimen organizado, es también episodio que ilustra lo anterior. Como lo señala un columnista, al cancelarla, México dejó salir del escenario de discusión y negociación a EU, donde ya lo tenía sentado como interlocutor corresponsable de los planteamientos. La Iniciativa Mérida habría sido en esta coyuntura de incalculable valor. A falta de ella prevalece el designio norteamericano de hacer de México un tercer país seguro, noción ante la que el lópezobradorismo parece haber abdicado en la práctica.
Cuestión entre otras, sobre las que el Senado de la República (quien por mandato constitucional tiene injerencia en la política exterior mexicana), por cierto ha sido omiso y silente en la coyuntura.
La carta redactada a su contraparte estadunidense por el presidente López Obrador fue aprobada por una mayoría de mexicanos, si bien hubo acotamientos fundados que valdría recuperar. Para algunos, antes de hacer zarpar a los emisarios de AMLO hubiese sido más acorde a los cánones diplomáticos llamar a consultas a la embajadora de México en EU. Aparte de añadir un tono de solemne gravedad (es aviso muy delicado cuando a un embajador su gobierno lo llama a consultas) se hubiera evitado que por no haber checado la agenda de a quienes la comitiva mexicana iba a entrevistar, que ésta se quedara varada durante varios días en un Washington vacío de sus más altos funcionarios porque... andaban en otras partes del mundo.
