El problema de la hipótesis del chivo expiatorio es que de entrada asume la inocencia de quien se vive como víctima de un complot. Declararse en adelante reo político es solo una consecuencia lógica porque ¿qué más podría ser?
Mayoritariamente devenido en vodevil o zarzuela de un hito judicial en los anales de la corrupción contemporánea en México, el “encarcelamiento preventivo justificado” de la ex titular de Sedesol metió al país en una vorágine mediática de estridencias que enardeció la furia popular ante el primer pez gordo que de manera provisional, cae en la sedicente lucha contra la corrupción que enarbola AMLO, aunque –dicho por sí mismo– no es mérito de su gobierno, sino de la autonomía de la Fiscalía.
Gravosa joya del nuevo sistema penal acusatorio por la cual a contrapelo constitucional, cualquier inocente sin ser declarado culpable puede ir a prisión mientras terminan los fiscales de investigar su caso y el juez acaba de adornarlo con su protagonismo, por algo tan nimio como una discrepancia domiciliar en una antigua licencia de conducir, utilizada como presunción de que la parte imputada busca ser prófuga de la justicia.
¿La prueba? La licencia expedida hace años que la imputada presenta con domicilio diverso al declarado. Ergo, a juicio de este juzgador pretende darse a la fuga. Enciérrenla antes. El juez Felipe Delgadillo, joven, de 40 y tantos años, fue quien hace unos meses dejó en libertad a un presunto productor de droga por deficiencias en el proceso, cosa que AMLO encontró reprochable. Sin miramientos, el juez ripostó: “Corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno con fines mediáticos”. Quien ya probó sus cinco minutos de fama aspira a más. Otros lo creen un juez modélico.
Así, en el marco de un ambiente tumultuario, vibró la condena popular unánime, a priori de cualquier juicio legal, donde punto medular no fue la presunción de inocencia o la carga de la prueba del que acusa, baluartes del sistema de Derecho; ni las exigencias sobre el destino del dinero estafado, ni las complicidades de 18 rectores de universidades públicas en todo el país para hacer posible la estafa maestra. Si como el amloísmo proclama urbi et orbi que no hay impunidad, ¿dónde están las investigaciones sobre los demás involucrados?
Tampoco gravitaron los paraderos de más de 60 ex funcionarios que se consideran involucrados, ni que, de manera premeditada, se obviaran las responsabilidades de los diputados y senadores que también conocieron de las fugas monumentales de dinero destinadas en principio a paliar la hambruna de la pobreza.
Hubo muchos más servidores públicos conocedores de la trama que los obvios Peña Nieto y José Antonio Meade, como han sido focalizados hasta el exceso de la desinformación por medios con anteojeras. Bastaría con que se alejaran del trofeo climático de los cazadores y retomara al ex auditor superior de la federación, Manuel Portal, respecto a todo el enjuague que se muestra en el mismo expediente, disponible en internet desde hace más de dos años. Pero en este momento no está claro qué habrá de prevalecer. Un proceso como el iniciado necesariamente es de una magnitud que extrañaría sobremanera no incluyera centenares de imputados.
Hay, sin embargo, una suerte de hipocresía sistémica cuando judicialmente se buscan evidencias de quién dio a conocer qué, en un mar infestado de documentales públicas que dicen: tal contrato fue para tal universidad o empresa fantasma cuyo monto es tanto. Así denunciando y así enlistado por la ASF. Sordera de la que el novísimo Sistema Anticorrupción se hace eco.
Tampoco proliferaron los deslindes de responsabilidad hacia aquellos presuntos cómplices que fueron los titulares en el sexenio pasado de Sagarpa (Enrique Martínez y Martínez), Pemex (Emilio Lozoya), Fovissste (José Reyes Baeza), Banobras (Alfredo del Mazo), SEP (Emilio Chuayffet), Senasica (Enrique Sánchez Cruz), RAN (Manuel Acosta Gutiérrez), SE (Ildefonso Guajardo), entre otros, quienes presuntamente en conjunto habrían operado conjuntamente con Sedesol 70 contratos o convenios espurios por un valor superior a 7 mil millones de pesos.
En la vox populi, Rosario Robles a fin de cuentas ha caído desde el momento mismo de su aprehensión y no importa lo que suceda después. En la reducción al absurdo solo hay dos sopas a las que apuntan casi todos los caldos: si la dejan libre querrá decir que al igual que siempre, Robles obtuvo su libertad luego de componendas o negociaciones. Y si no ocurre de esa manera habría sido solo un chivo expiatorio. A final de cuentas AMLO mismo así la consideró probablemente con falta de rigor en su léxico o en su lógica. Esa lógica a veces trastabillante que en ocasiones se acerca al fuego: Santiago Nieto de la UIF dijo antier que vendrían otros cargos sobre Robles. Ayer AMLO lo negó. Sería incalculable el riesgo de una mala administración de la justicia por encima de la esperanza popular.
