Todos los días en México, miles de niños que vuelan, solos o acompañados, en distintas aerolíneas comerciales son sometidos a escrutinio en su equipaje o en sus mochilas en los aeropuertos del país. Y nadie por ello pone el grito en el cielo.
Lo ideal sería desde luego que no fuera necesario hacerlo, que la urdimbre moral y familiar de todos y cada uno de los viajeros, infantes o adultos, fuera de tal modo sólida en valores y principios, así como en respeto a la vida humana que no hubiera necesidad de esos controles. Pero la realidad ha impuesto la necesidad de tales chequeos en todo el mundo como medida efectiva a la mano y de relativamente fácil implementación.
No se entiende entonces al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien en el contexto de la pasada tragedia de Torreón, donde un alumno de un colegio mató a su maestra e hirió a seis personas más antes de suicidarse, indicó que los padres de familia son los responsables de revisar las mochilas de los infantes y no las autoridades. Una descalificación a la autoridad civil ni venida al caso y de verdad muy poco explicable por parte del arzobispo. ¿Cuál es la diferencia entre que revisen la mochila de sus hijos los padres de familia o lo hagan las autoridades del plantel escolar? ¿Y si lo hacen juntos? Y ¿quién o dónde se establece que ésta debe ser solamente tarea de los padres? ¿El derecho divino?
Rogelio Cabrera se anticipó a varios articulistas, quienes también se opusieron a la revisión mochilera con argumentaciones idílicas de muy improbable realización, cuando Monterrey padece en amplios sectores una sociedad desfondada y donde los plausibles remedios de fondo son escasos y de improbable verificación en un lapso de varios años, suponiendo que los exhortos a la moral cívica y a la armonía familiar tuvieran algún eco (en medio de la ola de disfuncionalidad familiar y de violencia criminal que se vive).
Revisar las mochilas de los escolapios desde luego no es una solución para erradicar el problema, pero es la medida más inmediata y de más alta efectividad. Previene la ocurrencia física del factor terminal de violencia escolar: cuando el alumno dispara o acuchilla por los motivos que sea, es que antes ha introducido un arma entre sus pertenencias por la puerta de la escuela. ¿Qué dificultad hay para establecer ahí mismo un filtro?
Apenas sucedida la tragedia de Torreón, menudearon en Monterrey llamadas anónimas que advertían de ataques o amenazaban con hechos violentos en distintas escuelas sin distingos de clases sociales. Las hubo en colonias populares, pero también en el elitista Colegio Mexicano, donde un púber de primero de secundaria amenazó a varios compañeros blandiendo una navaja tipo cutter y luego causó heridas a uno de ellos. ¿Cuál fue la medida disciplinaria de la escuela? Una ridícula suspensión de dos días. ¿Y la reacción parental? “Fue como un juego para él– dijeron los padres con sobrada autosuficiencia–. Será su terapeuta el único que determine si nuestro hijo es un peligro para los demás”.
Cabrera López en la Catedral de Monterrey –ideologizando al extremo respalda estas posturas pusilánimes o autocomplacientes y lleva agua a su molino clerical– dijo que si las medidas de seguridad estatales continúan, los niños y la sociedad vivirán “más en pánico”. Un aserto del arzobispo que tampoco se entiende por qué lo formula. Y vale volver al ejemplo por antonomasia: nadie en los aeropuertos, sea menor o mayor de edad, “entra en pánico” como presupone el arzobispo frente a una revisión obligatoria de su mochila.
Con frases poco sostenibles, el también presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana pidió “tomar otras medidas de precaución” si bien no formuló ninguna. De lo contrario, afirmó, “los niños tendrán una mente policiaca”, otra afirmación de lógica insostenible. No, los niños no necesariamente tienen por qué entrar en “pánico”, ni mucho menos adoptar una “mentalidad policiaca”, cualquier cosa que eso sea en la mente del arzobispo, tan solo porque al ingresar a sus clases les revisen sus mochilas por su propio bien.
El trasfondo de las afirmaciones del arzobispo Cabrera es desde luego ideológico y nada tienen que ver con medidas prácticas para prevenir tragedias como las ocurridas: “Hay una distancia muy grande entre escuelas y familia, los padres de familia no aceptan la corrección para sus hijos y va en deterioro del orden y de la educación de los niños”.
Más bien por no seguir posturas indefendibles como las de Cabrera López es que fue posible antier que maestros y padres de familia de la Secundaria Técnica 122 detectaran en el bagaje del menor Jonathan, de 13 años, una subametralladora Uzi de 9 mm que dijo haberse encontrado camino de su escuela.
Por eso cabe apreciar la iniciativa de los alcaldes de Guadalupe y San Nicolás para que el Operativo Mochila Segura en adelante sea obligatorio en NL.
