Consummātum est es una locución latina de uso actual que significa literalmente “se acabó todo”.
En este contexto podemos considerar el reciente acuerdo logrado, el pasado jueves, entre los representantes de las bancadas senatoriales de todos los partidos políticos, lo mismo de la coalición gubernamental que de la oposición, sobre la polémica creación de la Guardia Nacional.
La unanimidad alcanzada, construida desde el disenso otorga a las fuerzas armadas un marco legal a nivel de Carta Magna para su funcionamiento en materia de seguridad pública, que fue lo que siempre pidieron y nunca obtuvieron.
Esta reforma constitucional ha sido admitida por muchos como un triunfo de la política sobre la imposición.
Los mismos representantes de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, a través de sus representantes, de las modificaciones hechas a la minuta que había aprobado la Cámara de Diputados para que la nueva corporación estuviera bajo mando militar, lo que consideraban un grave riesgo para aquellos, al lograrse que fuera civil y temporal, no indefinido como se había propuesto inicialmente.
Vale mencionar que en el proceso de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos constitucionales para aprobar en lo general y en lo particular la creación de la Guardia Nacional, el senador RICARDO MONREAL ÁVILA por gestión, presión y persuasión, fue capaz de conducir las negaciones en el Senado sobre la Guardia Nacional hasta alcanzar una votación unánime.
De este modo fueron cumplidas parcialmente, en los hechos, las instrucciones dictadas por el presidente de la República al Senado nacional
Eso convirtió al jefe de ese grupo parlamentario, RICARDO MONREAL, en uno de los operadores políticos más importantes del nuevo gobierno y de LÓPEZ OBRADOR.
MARIO DELGADO, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que a él le gustaba más el modelo que salió de San Lázaro porque era una policía militarizada y con una dirección mixta, operando bajo mando civil.
Es relevante mencionar que en el dictamen se establecieron un plazo de 60 días para expedir la ley reglamentaria de la Guardia, de 90 días para hacer lo propio con las leyes que reglamenten el uso de la fuerza y conforman el registro nacional de detenciones, y de 180 días para que los gobernadores presenten un análisis de sus necesidades para fortalecer a sus policías estatales. _
