En colaboraciones previas me he referido a la magnitud y localización de la pobreza extrema en México. También he escrito sobre el papel del crecimiento económico inclusivo como el instrumento más efectivo para acabar con la pobreza extrema en el país. En esta ocasión hablaré de las políticas públicas que podrían contribuir a reducir la pobreza extrema en zonas rurales.
El punto de partida es reconocer dos cosas clave. Primero, que las políticas universales no son la mejor forma de atacar el tema de la pobreza extrema. Estas políticas son muy costosas para ese propósito (aunque pueden tener su lógica propia) y ni siquiera es evidente que, a pesar de su carácter universal, logren llegar a la población objetivo. Por ejemplo, un programa que otorga apoyos a niños o adolescentes que asisten a escuelas públicas dejaría fuera a las familias más pobres en aquellas zonas en donde ni siquiera existe la posibilidad de asistir a la escuela. Se requieren, pues, políticas focalizadas.
Segundo, la focalización individual del tipo Progresa-Oportunidades-Prospera tampoco es ideal. Este enfoque no solo requería de un mayor entramado burocrático, sino que, además, inducía comportamientos indeseables para tratar de engañar al sistema y poder acceder como beneficiarios. Esto quedó demostrado en un estudio de Susan Parker y Cesar Martinelli. A ello habría que agregar los efectos perniciosos en la cohesión social que producen los programas que seleccionan como beneficiarios a individuos que forman parte de una comunidad, en la que todos o casi todos tienen carencias de uno u otro tipo.
Por ello, la mejor alternativa es utilizar políticas de focalización territorial. Es importante recordar que la pobreza extrema rural es predominante en el sur del país, en comunidades indígenas, en territorios con baja densidad poblacional y, en muchas ocasiones, en zonas o lugares de difícil acceso por sus condiciones geográficas. La gente allí es pobre porque el territorio es pobre. Antes se pensaba que la migración resolvería eventualmente este problema. Hoy sabemos que esto no será así o que, en todo caso, ocurrirá muy lentamente.
Por ello, una primera cosa que debe hacerse es mejorar la comunicación y el acceso a estas comunidades. Esto implica que debe mantenerse y ampliarse el programa de construcción de caminos rurales en estas localidades. Segundo, debería haber un programa que, con regularidad, le haga llegar a esta población bienes y servicios que mejoren su nivel y calidad de vida. Esto puede lograrse mediante caravanas sociales que lleven información a estas comunidades sobre los programas sociales a los que tienen derecho, así como alimentos de calidad, nutritivos y a precios accesibles (quizá a través de Segalmex), y atención médica y dental a través del IMSS-Bienestar. En algunos estados del sur del país ya existen programas parecidos. Estas caravanas, sin embargo, no suelen estar diseñadas para atender problemas específicos asociados a la pobreza extrema y/o suelen estar disponibles solo bajo demanda o a petición de las autoridades municipales. Esto debe modificarse y los tres niveles de gobierno deberían coordinarse para implementar un programa social de esta naturaleza. Finalmente, en aquellas zonas en donde haya recursos naturales importantes (forestales o acuíferos, por ejemplo) podrían implementarse programas de pago por servicios ambientales. Todo esto contribuiría a reducir la pobreza extrema rural en el país de una manera eficiente y efectiva.
